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Posts Tagged ‘Piratería’

Con el título de Digital Europe: Diversity and Oportunity, se ha publicado un estudio más que completo sobre la situación de la creación en el nuevo marco creado por Internet. Léanlo o al menos echen una ojeada. Yo me quedo con un dato. En música, cine, literatura, los europeos estamos muy por detrás de los Estados Unidos. Y luego, ya dentro de Europa, los ingleses están a años luz de los demás en cuanto a consumo en formatos digitales. Esos son los datos objetivos.

Y eso me lleva a la reflexión tantas veces y por tantos apuntada. La brecha digital existe entre países y clases sociales, es cierto. Se debe cerrar, también es cierto. Son loables los esfuerzos que se han hecho en tal sentido. Se habla mucho de la alfabetización digital. Pero tal solo viene de verdad de la mano de la necesidad, no de campañas que solo serán siempre auxiliares. La gente mayor aprende a usar el ordenador o el móvil no por ir a cursos organizados por su Ayuntamiento (que no digo que estén mal) sino cuando por A o B le surge la necesidad de utilizar ordenadores o móviles. Punto.

Y con las creaciones en formato digital pasa un poco lo mismo. Cuando la gente disponga de ventajas objetivas de esos formatos sobre los tradicionales, su consumo subirá de forma espectacular. Ahora ya lo hace, pero solo porque los porcentajes son ridículos. La primera ventaja que el público no percibe es, por ejemplo, el precio. No la ve porque en muchos casos no existe. Mientras en muchos productos (libros electrónicos por ejemplo) se pretenda cobrar unos precios absurdos, que solo son una rebaja ridícula sobre el precio del libro físico, los consumidores no verán motivo para emigrar al formato digital… y se abonará a esos que justifican el robo de la propiedad intelectual. Por cierto que, al hilo de eso, mírense los datos que da. En España, las pérdidas por robo de propiedad intelectual son mucho más elevadas que en otros países europeos. Y eso supone, y no sé por qué nadie incide en ello, una destrucción importante de puestos de trabajo en el sector.

Lo del precio era solo un ejemplo. Me quedo con esa hipótesis a la que me apunto. Mientras no se den motivos (ventajas) al consumidor, esté seguirá anclado en viejos formatos. Ahí están los números. Y no me extiendo más. Les invito de nuevo a ojear el texto, que es de lo más interesante.

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Dicho y hecho, el pasado 29 de febrero se publicaron en el BOE los procedimientos a la hora de comunicarse con la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual. La sección está ya pues en marcha. Y algunos seguimos pensando lo mismo. Es necesario algún mecanismo que salvaguarde los derechos de la propiedad intelectual frente a los que los depredan. En ese sentido bien. Lo malo es que es una lástima que no se haya sido capaz de articular a través de los jueces, como habría sido lo lógico. Es un fallo del sistema y, por cierto, dice bastante poco también de algunos jueces que con sus interpretaciones torticeras y arbitrarias (en el mal sentido de la palabra) han propiciado que se establezca este sistema.

Al revés que la Sección Primera, que cobra por prestar servicios de arbitraje, acudir a la Segunda será gratuito, debiendo, por supuesto, acreditar la condición de titular o representante del titular de los derechos. Aquí les dejo la Orden publicada en el BOE, por si le quieren echar un vistazo o puede serles de utilidad VER.

Y, eso sí. Los que saben de esto dicen que uno de los grandes nudos gordianos del método es la posibilidad de que se produzca una colisión con los procedimientos judiciales. Es decir: ¿qué pasa si la Sección Segunda decide cerrar una página web que infringe los derechos de propiedad intelectual, y esa página y sus titulares, por otro lado, han sido denunciados por la vía penal? Pues según dicen, pasa que es un lío.

Así que, si son titulares de derechos de propiedad intelectual, ya saben: o acuden al juez o a la comisión. Pero a los dos puede ser que se enreden. En este caso puede ocurrir que los esfuerzos se resten y no se sumen. Que uno más uno de igual a cero y no a dos.

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Hace un par de semanas, el director de la Academia de Cine, González Macho, hizo un comentario en una conferencia en el Foro de la Nueva Cultura que me dio que pensar. Fue acerca de la piratería contra la propiedad intelectual y las pérdidas que causa a la Hacienda Pública. Alrededor de 2.000 millones perdidos en impuestos. Suficientes para cubrir el agujero en sanidad.

Lo que me dejó pensando no fue la cifra ni eso de la sanidad, que ni siquiera he comprobado. Fue más bien la orientación del comentario. Porque son datos como ese los que se descuidan a la hora de concienciar a la opinión pública sobre este tema.

Soy de esos que creen que uno de los grandes errores en la lucha contra la piratería es que la batalla de la imagen se ha dado de forma pésima. O más bien ni se ha dado.

Piensen que los derechos de la propiedad intelectual se enfrentan a un hándicap importante respecto a otros derechos. Verán: en el caso del robo, el asesinato o la violación, el 99% de los ciudadanos son susceptibles de sufrir el delito y solo un porcentaje residual de cometerlo. De ahí el consenso social en esos temas. Reprimir tales delitos es cuestión de supervivencia para la gran mayoría.

La cosa cambia con la piratería. Los porcentajes son inversos casi. Un 1% de la población –si llega- está amenazada por ese delito, en tanto que la gran mayoría tiene la posibilidad de cometerlo. Eso marca una diferencia y es absurdo ignorar el hecho.

De esa mayoría en posición de piratear, un porcentaje lo hace. Y parte de ellos además alardean de hacerlo y lo defienden. Como cuando se comete cualquier delito o agresión contra los que son sus conciudadanos, buscan justificaciones. Buscan soportes ideológicos que certifiquen que lo que hacen no está mal o incluso que está bien.

Y si hay demanda, aparece la oferta. No faltan los gurús de ocasión que dan ese soporte ideológico y eslóganes. Que alientan y fabrican argumentos. Tampoco faltan medios de comunicación dispuestos a dar resonancia a esos argumentos. Medios que son parte interesada en esta guerra, por cierto.

Si a todo eso sumamos las malas prácticas de ciertas sociedades de gestión y colectivos de la creación, el caldo de brujas está servido. La avaricia, la prepotencia, la apuesta por el lobby de presión política frente a la defensa de las buenas leyes han hecho mucho daño al sector.

La imagen de unos creadores codiciosos y ruines no se ha forjado en dos días. Tampoco nació por generación espontánea.

Es paradójico que en esto el sector cultural haya perdido la batalla de la imagen. Tantas mentes brillantes, tantos conocimientos sobre el tema. Y derrotados por… ¿por quién? Por unos cuantos agitadores de segunda y por los trolls que saturan a insultos las páginas de comentarios de la prensa online cada vez que se toca este tema. Poco más.

¿No será que la batalla de la imagen la ha perdido el sector cultural más por los errores propios que por la cantidad y calidad de sus enemigos activos?

Por eso digo que me quedé pensando cuando oí aquel dato sobre las pérdidas causadas por la piratería a Hacienda. ¿Qué pasaría si esas cifras se usasen de manera adecuada? En otra entrada que titulé Contra la piratería, más educación y una pizca o dos de visión estratégica, contaba cómo los expertos señalan que para combatir la piratería son necesarios educación, leyes más claras y represión adecuada.

A esas tres quizá habría que añadir un cuidado por la imagen que hasta ahora no se ha tenido.

El sector cultural debiera invertir en imagen, como lo hacen otros. Presentar a la ciudadanía las cifras. El dinero perdido en impuestos. La destrucción de empleos. El lucro indecente de particulares y mafias organizadas. Habría que tratar a la piratería en su conjunto, y no solo a la que daña a la propiedad intelectual. Habría… mucho que hacer, eso es lo que habría.

Si el sector cultural diese la batalla de la imagen, tal vez se volverían las tornas. Si los profetas de la piratería campan a sus anchas es porque nadie les planta de verdad cara. Al menos no de la manera adecuada. En una época de crisis como la que vivimos, la opinión pública es muy sensible a las pérdidas para las arcas públicas y en empleo.

Acaba de anunciar el nuevo ministro de Educación (y por tanto de Cultura) que está dispuesto a actuar contra los que se lucran de forma indebida con las descargas. Y eso ha bastado para que ya salgan a relucir las navajas. Ya veremos en qué forma aborda este Gobierno ese problema.

Lo que decía que para el sector cultural es un problema de imagen, para el Estado es una cuestión de pedagogía. No puede ser que según una encuesta reciente, solo un 30% de los españoles ve a las descargas ilegales como algo delictivo. Se han estado haciendo muy mal las cosas. Hay que presentar esas cifras y si es preciso recurrir a campañas de concienciación pública como las de los accidentes de tráfico. Las medidas legales, llegados a este extremo, me da la sensación de que no bastan.

Ocurre que el propio Estado ha quedado salpicado por haber tomado medidas que favorecían a algunas industrias culturales mediante fórmulas chapuceras que al final han hecho mucho daño. Y ahora es fácil echarle encima a la gente. No tanta multitud como parece, pero sin duda que habrá bastante ruido mediático y en redes. Y eso suele poner muy nerviosos a ciertos políticos. Y si no véase la lamentable actuación del anterior presidente, el Sr. Rodríguez Zapatero, que paralizó la aprobación del reglamento de la llamada ley Sinde no por convicción sino por miedo a la reacción de ciertos sectores públicos.

Para no alargarnos. Que mientras no se trabaje más en las áreas de pedagogía e imagen, la guerra contra la piratería no podrá ganarse en este país. Y mientras no se gane –porque lo anterior ha de acompañar a mejores leyes. Leyes que protejan los derechos legítimos de los creadores sin conculcar los también legítimos de los ciudadanos-, España seguirá siendo señalada como un paraíso para toda clase de piratas. Y eso incluye a las mafias organizadas de la falsificación. Una distinción más bien triste que yo, al menos, no quisiera ver mucho tiempo en nuestra pechera.

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La Ley de Economía Sostenible, en su disposición final cuadragésimo tercera, establece la creación de una Comisión de la Propiedad Intelectual. Tal Comisión dispondrá de dos Secciones. Y la Segunda de ellas tendrá la competencia de cerrar aquellas páginas web que, a juicio de la Comisión, vulneren la Ley de la Propiedad Intelectual.

Eso es en esencia la conocida a nivel popular como Ley Sinde. No debe haber internauta que no conozca la existencia de tal ley o que no se haya visto más o menos salpicado por las polémicas que ha desatado. Contra ella se han levantado objeciones fundadas y otras que no lo son tanto, así como toda clase de reacciones, algunas de ellas delirantes.

Es que esa ley es más que objetable. Existen contras de casi todos conocidos, que han sido repetidos hasta la saciedad por los medios. Pero, aparte, se pueden señalar otros que hasta el momento no se han puesto sobre el tapete, tal vez porque muy pocos han reparado en ellos.

Una objeción muy seria a la Ley Sinde es, sin ir más lejos, que las actividades de la Sección Segunda de la Comisión pueden llegar a interferir –en algún caso de forma grave- con la labor de la policía.

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la policía judicial tiene por objeto y obligación averiguar los delitos públicos. Y entre esos delitos están aquellos contra la Propiedad Intelectual e Industrial, y así lo recoge el Código Penal en sus Artículos 270-277.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil persiguen este tipo de delitos. Hay brigadas de Delitos Tecnológicos y de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial. Vamos, que está del todo armada una estructura policial específica contra la delincuencia en Red.

La creación de la Comisión puede llegar a arruinar operaciones policiales. La investigación requiere a menudo sigilo y tiempo. No es tan raro que la policía deje funcionar durante algún tiempo a las webs detectadas de pederastía, piratería o cualquier otro tipo de delito en Red. Es la forma para garantizarse la identificación y posterior detención de toda la red de delincuentes y, en determinados delitos, de sus clientes.

Si en el caso de una web pirata, que es el tema que nos ocupa, irrumpe la famosa Comisión como elefante por cacharrería, ¿qué va a ocurrir? Que puede cerrar una web que esté siendo investigada por la policía. ¿Y cuáles serán las consecuencias? Que echará por tierra toda la investigación. Que los delincuentes, alarmados, se esfumarán antes de poder ser identificados y detenidos. A su tiempo regresarán a la Red y reiniciarán sus actividades delictivas.

La llamada Ley Sinde no deja de ser una chapuza. Un apaño. Esa Comisión es un agregado que va a traer duplicidad, conflicto y confusión, si es que de verdad llega a ser operativa. Nuestra Administración está lleno de comisiones que no sirven más que para pagar dietas a sus integrantes.

Una vez más, hay que insistir en que lo lógico es modificar las leyes, dotar de medios a jueces y policías, hacer labor pedagógica. No crear un órgano nuevo, ad-hoc, controlado encima por una de las partes interesadas, por muy legítimas que puedan ser sus reivindicaciones.

Pero ya que el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero se ha empecinado en sacar esto adelante, por lo menos debiera tomar las cautelas necesarias. Que esa Comisión no funcionase sin contar ni informar a la policía. Es lo menos.

Porque a ver si al final resulta que cierran webs por infracciones menores a la vez que los delincuentes de verdad –los que se lucran a costa del trabajo de los creadores, los que arruinan a las industrias culturales- se escapan por los agujeros de la norma.

Eso de que se castigue con dureza inversamente proporcional al daño causado podrá ser muy antiguo, muy español. Pero un servidor, que aborrece todo tipo de nacionalismo, preferiría dejar esos atavismos atrás y ver una maquinaria legal cada vez más ajustada. Y eso no se consigue introduciendo en ella cuerpos extraños.

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Hará ya dos años, tuve la fortuna de poder conversar con un policía experto en delitos contra la propiedad industrial e intelectual. Un hombre de larga experiencia, con gran conocimiento sobre el tema. Sostenía que para combatir con éxito este tipo de delitos hay que apoyarse en tres puntos esenciales. Leyes más claras, represión adecuada y educación.

Claridad legal, porque en España no la hay. No la hay. Existen lagunas, confusión, indefiniciones que ayudan a escabullirse a los que cometen delitos contra la propiedad industrial o intelectual. Los piratas, para entendernos.

Represión adecuada que pasa por dotar a la policía de medios. Por castigar también a los compradores, por ejemplo con multas, cosa que ahora no se hace. Tal vez por crear juzgados especializados en este tipo de delitos, como los hay en otros.

Y educación. No es verdad que nuestro país sea uno de los que más piratea. Ocurre que aquí se ha viciado la opinión pública. En otros países de la UE se piratea más, pero pocos se jactan de algo que es ilegal. En España muchos se vanaglorian de ello. Con ese alarde tratan en el fondo de justificar algo que saben que está mal y se disfrazan de Robin Hood en pugna heroica contra malvadas industrias.

Y lo que quiero plantear aquí tiene mucho que ver con el ejercicio de pedagogía que se debe hacer en esta cuestión de la piratería.

Verán. Creo que es un error tratar de separar, a la hora de abordar estos delitos, al sector Cultura del resto. Error y de los graves. Ese acto preciso –presentar a la piratería contra lo cultural como algo aparte-, hace a la cultura mucho más vulnerable a ella.

Aunque el sector genera cientos de miles de empleos directos e indirectos, la parte visible del mismo es muy pequeño. Creadores, directivos de grandes empresas del sector, poco más. Muy poca gente. Algo que, unido a la segregación arriba apuntada, hace fácil a otros sectores interesados malquistar a la cultura con la opinión pública. Es fácil presentar el problema como un puñado de privilegiados voraces que no dejan de reclamar prebendas.

Es preciso que la ciudadanía tenga una perspectiva más amplia, que es por cierto más ajustada a la realidad.

La piratería afecta a muchos sectores productivos. Informática, ropa, calzado, perfumes, complementos…  Hay casos, como el de los medicamentos, en que se atenta además contra la salud. Es preciso que los ciudadanos sepan que se pierden cerca de medio millón de empleos al año en la UE por culpa de este tipo de delitos.

También que sirve para financiar tramas extremistas. Islamistas sobre todo. Hay sospechas fundadas de que en nuestro país actúan redes de este tipo. Por ejemplo, algunas integradas por islamistas paquistaníes a las que es casi imposible controlar, dadas las dificultades que tiene la policía para infiltrar agentes en las mismas.

Hay más. La piratería es parte de un problema mayor. El de los productos que, fabricados dentro o fuera de la UE, se comercializan en la misma sin homologación ni controles. En el peor de los casos suponen un riesgo para la salud. Y siempre son competencia desleal para fabricantes y comerciantes que siguen las normas, pagan impuestos y tienen en condiciones legales a sus trabajadores. La existencia de ese mercado pirata disminuye la calidad de los productos, merma las arcas públicas y atenta contra derechos laborales que han costado mucho tiempo y sangre conseguir. Casi nada.

Todo esto es preciso mostrárselo a los ciudadanos. Y hacerlo de la forma adecuada. Solo entonces, cuando vean la magnitud y las implicaciones de este problema, tomarán conciencia del mismo. Y tal vez entonces su actitud hacia la piratería cambie.

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