Esto que les voy a comentar ocurrió hace unos días en una capital del norte de España, pero viene ocurriendo desde hace tiempo y por toda nuestra geografía. Es algo nada complicado de explicar ni de entender, pero que causa no pocos quebraderos de cabeza a los afectados. Tiene que ver con el Patrimonio Histórico-Artístico, aunque problemas parecidos vienen salpicando a toda la Cultura y, en general, a toda clase de actuaciones en las que entran en juego administraciones públicas.
Verán: el año pasado, el titular de un edificio catalogado como parte del Patrimonio se decidió a hacer reformas. Dado que esas reformas incluían labores de restauración de la fachada, eso le hizo acceder a ayudas concedidas por el Ayuntamiento de la ciudad, justo para esas actuaciones destinadas a restaurar construcciones de ese tipo.
¿Eso es malo? No, en absoluto. El problema ha venido, como estarán imaginando, con la crisis cada vez más grave. Las obras se han ido alargando y, aunque debían haber concluido a finales de año, han continuado en este. Y ahora el consistorio ha indicado al propietario que no tiene intención, al menos de momento, de satisfacer la cantidad prometida y aprobada en un ejercicio anterior.
Ya se pueden imaginar el sofoco. El propietario del edificio ha desembolsado ya una cantidad nada despreciable. El constructor a su vez, con los papeles firmados por el Ayuntamiento, había ido adelante contando con que recibiría sin duda el total, suma del dinero del propietario más la aportación consistorial. Y ahora no hay aportación. Como es lógico, el constructor ahora reclama al propietario, su cliente, esos dineros. Y no estamos hablando de dos o tres mil euros. El constructor tiene que pagar a operarios, a proveedores, también impuestos. Y el propietario tiene que sacar ahora de donde sea un buen fajo de billetes que se supone que iba a desembolsar el Ayuntamiento.
Sencillo, ¿no? Pero, ¡menuda complicación! Sobre todo para el binomio propietario-constructor.
El Ayuntamiento estará con el agua al cuello, no lo dudo. Tampoco dudo de que existan mecanismos que hagan legal que, pese a todo lo firmado, una administración pública se libere de pagar algo comprometido. Esas instituciones han generado para ellas mismas toda clase de salvaguardas legales que se han cuidado muy mucho de dar, en casos similares, a los ciudadanos frente a los poderosos o a ellas mismas.
Lo que está fuera de duda es que los dueños de otros edificios similares, no bien sepan lo ocurrido, se lo pensarán tres veces antes de acometer obras de mantenimiento y restauración, si para ello contaban con ayudas municipales. La inseguridad es muy mal aliado a la hora de acometer cierto tipo de actuaciones. Y la palabra de las administraciones públicas es papel mojado.
Papel mojado. Meterse en negocios con las administraciones públicas españolas es un deporte de alto riesgo y no solo para los autónomos y empresas a los que los ayuntamientos deben una millonada. Que se lo digan a las empresas de energías renovables. Compañías que me metieron en granjas solares porque había ayudas millonarias aprobadas en firme. «En firme» que de buenas a primeras se quitaron y les dejaron empantanadas, con la inversión hecha y un negocio inviable sin ese dinero presupuestado.
O, dentro de la Cultura, que se lo digan a esas compañías de teatro que vieron estupefactas cómo, después de haber actuado, algunos ayuntamientos se quedaban con toda la recaudación. Actuaciones propias de apoderados facinerosos de película. Pero lo hicieron y aquí, que se sepa, no ha pasado nada. Un ejemplo más de cómo cargos y administraciones públicas se arman legalmente para perpetrar actos por los que la ley caería con todo su peso sobre particulares.
En fin, para no alargarnos. Que esta inseguridad, esta indefensión es pésima. Sí, en Cultura también. Causa retracción, desconfianza, nos empobrece en todos los sentidos. En lo cultural también.
Armas y bagajes 