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Archive for 25 enero 2012

Esto es como dice el título un detalle, un apunte jocoso. Menor también, pero que no puedo resistirme a consignar. Se lo oí a una persona que sabe mucho sobre la Propiedad Intelectual y aquí lo recojo tal cual.

El día 30 de diciembre, el Gobierno anunció la supresión del canon digital y su sustitución por un pago compensatorio a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. En efecto, el día 31 así quedó recogido en el BOE, dentro de un paquete de medidas en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público., en la Disposición Adicional Décima.

Y ahí está el detalle hilarante por la incongruencia. Se deroga la compensación por copia privada mediante el pago de un canon aplicable a los soportes. Se sustituye por una cantidad (de cuantía aún indeterminada) a pagar por el Estado. Y eso se promulgan en un decreto para ¡La corrección del déficit público!

Así que una medida que pasa el pago de los agentes privados involucrados a las arcas del Estado, con el consiguiente aumento del gasto, se recoge en un decreto que se enuncia como hecho para corregir el déficit. No me digan que no tiene su gracia. De acuerdo, sino negra, dada la situación que vivimos, al menos bastante tiznada, pero gracia.

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No pudo ser. No pudo ser y es una pena que Mario Vargas Llosa no vaya a dirigir el Instituto Cervantes. Leemos en la prensa que ha declinado la oferta. Y si digo que es una pena es porque Vargas Llosa no es solo uno de los mayores escritores vivos, de talento que nadie discute. Es también un hombre público, con sobradas capacidades diplomáticas –entendido esto en sentido amplio- que tan necesarias son para el puesto que le ofrecían.

Un hombre como él habría sacado enormes réditos para el Cervantes en un momento en el que la institución está necesitada de ellos. Se han oído toda clase de desatinos y barbaridades. Yo soy de los que piensan que, de haber aceptado, habría sido Vargas Llosa el que habría hecho un favor al Cervantes y no al revés. Y eso no es desdeñar a la institución. Pero esta, tras dos legislaturas bajo el zapaterismo, es una de tantas estructuras del estado que necesita obras, reparaciones y reformas. Y entre estas un buen lavado de la fachada y una mejor mano de pintura.

Por eso, cuando uno ve expandirse de manera viral toda clase de maledicencias –como la de que era un «premio a su apoyo al PP en su campaña para llegar al poder-, no puede por menos que menear la cabeza. Pero esto es lo que tiene el tiempo de las Redes Sociales, que a cambio nos han traído un tiempo de maravillas nuevas. No hay cara sin cruz, ni avance sin servidumbres.

Pero vayamos más allá de la figura concreta de Vargas Llosa. Vamos a la política que se pretendía aplicar al ofrecerle el puesto. ¿Les parece acertada? A mí sí. Ya hemos dicho que la imagen del Cervantes ha quedado salpicada, como casi todo lo relacionado con la «marca España». Es preciso darle cara nueva. Y una de las posibles soluciones para mejorar esa cara era esta. Colocar al frente de la institución a un literato de talla, más que reconocido a nivel internacional. Que esa persona se ocupase de la parte más pública. Que dejase a otros las reformas que fueran menester, la gestión interna, el día a día.

Una bicefalia de facto. ¿Por qué no? Los tándem figura pública-gestor interno, como fórmula, han cosechado éxitos notable. Cierto es que también ha habido fracasos sonoros. Porque eso no significa que la «figura pública» sea un mero hombre de paja, ni que este se vaya a prestar a ello, o a ser tapadera de nada. Y los nuevos aires para el Cervantes tienen que ser algo más que rascar la cochambre de la fachada. Es algo imprescindible. Pero ha de estar acompañado de otras acciones igual de decididas, o todo quedará en nada.

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Nos anuncian que el FBI ha cerrado Megaupload y Megavideo. También que han detenido a sus responsables y a parte de sus empleados. El motivo, el haber ejercido a manera de «casa de tolerancia» para un tráfico de archivos que incurriría en delitos contra la Propiedad Intelectual, y haber causado con ello pérdidas millonarias a los legítimos propietarios de esas obras.

Las primeras cifras que nos dan son sin duda astronómicas. Nos dicen que a cambio de causar pérdidas por valor de medio billón (español) de dólares a los propietarios de las obras, se habrían embolsado más de 175 millones de dólares. También que Megaupload y Megavideo representaban cerca del 4% del tráfico mundial en Internet. Ahí es nada.

Para aquellos que no lo saben, hay que aclarar que Megaupload no era exactamente un portal «pirata». Los usuarios podían alojar ahí toda clase de archivos para su descarga. De hecho, el que esto escribe tenía un par de ebooks gratuitos para descarga de los usuarios alojados justo ahí. La web tenía un sistema para denuncias para aquellos casos en los que alguien detectase que se había alojado material que vulneraba los derechos de la Propiedad Intelectual.

Eso no parece haber sido suficiente. Los responsables de Megaupload están acusados de crimen organizado y eso en Estados Unidos no es ninguna broma.

Pero hay que mirar más allá de este suceso concreto, que acaba de tener lugar. Esto es un síntoma más, como la cuestión de la ley SOPA es otro. Podemos considerar todo esto como burbujas en un caldero puesto al fuego. Un pop aquí, otro pop allá. A simple vista aislados, pero en realidad señales de un todo. Avisos de que el caldero está punto a bullir.

Ese bullir es que la fiesta se ha acabado. La transferencia del negocio de películas, música, literatura, a la Red se está acelerando. Por ejemplo, ya se vende más música por Internet que en descarga. Antes la Red solo movía piratería y no presentaba grandes posibilidades de negocio real para los legítimos propietarios. Ahora la tecnología ha evolucionado y cada vez más el negocio está en Red.

Y esos propietarios de los derechos no están por la labor de producir ellos para que se lucren otros. Lógico. Hasta ahora grandes empresas de telefonía y servicios de Internet se han limitado a poner los medios y lavarse las manos de los posibles actos de piratería. Pero ahora tienen enfrente no a autores o pequeñas empresas, sino a corporaciones igual de grandes y con igual de malas pulgas. Y la juerga de barra libre se va a acabar.

A mí me parece bien que haya clausura y prisión en lo que a las vulneraciones de los derechos de la Propiedad Intelectual se refiere. Lo único, como señalaba en la entrada anterior, es que hay que posicionarse no en defensa de granujas pero sí en que no se vulneren libertades y derechos con la excusa de poner coto a tales granujas. Por mí, que metan en la cárcel a todos los que se lucran con delitos contra la Propiedad Intelectual. Pero cuidado con que eso no sirva de excusa para censuras, represión de opiniones adversas, persecución y bloqueo de todo aquello que pueda molestar a los poderosos.

A mi juicio, es por eso por lo que hay que pelear. Y en cuanto a los defensores de un supuesto «libertarismo» en la Red, postura que al final no era más que dar cancha a piratas, me parece que tendrán que buscarse nuevos pastos. Muchas veces se ha señalado que los gurús -de todo pelaje- suelen apoyar posiciones extremas porque defendiendo la moderación no se suele ganar popularidad con la rapidez que gente así desean. Eso explicaría la actitud de ciertos personajes sobre este tema. Tendrán que buscarse nuevos púlpitos desde los que predicar azufre y apocalipsis. Porque también para ellos, al menos en este tema, empieza a acabarse el carnaval.

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El proceso para la votación en el Congreso de los EEUU de la ley SOPA se ha paralizado. El enfrentamiento, el enconamiento era tal que se ha acordado buscar posturas de consenso, lo que no deja de ser una salida de lo más loable.

Hay mucha información en la Red sobre la SOPA. Hay artículos de fondo que analizan la ley y artículos de opinión acerca de su oportunidad y de las posibles consecuencias que puede traer su aprobación. Así que tampoco voy a entrar en detalles.

Dicho por encima, la SOPA (Stop on Piracy Act) pretende acabar con la trama de sitios que hacen la piratería posible. Sitios que sacan de esa piratería beneficio directo o derivado (gracias a la publicidad). Hasta ahí todo bien.

El problema es que, tal como está planteada la ley, pone en trance de sanción a cualquier sitio que tenga un enlace a sitio de descarga ilegal, colocado por algún usuario en por ejemplo foros. Con esa norma en la mano, cualquier web que tenga comunidad, espacio para la participación de usuarios, se expone a ser sancionada. Y esa ley da además la posibilidad de bloquear el acceso a aquellos sitios albergados en el extranjero que vulneren los derechos de la propiedad intelectual.

Esto es la SOPA muy a vista de pájaro. Vamos, que más bien debía llamarse PURE (Privacity Under Rough End).

Contra esa ley se han posicionado parte de los congresistas estadounidenses. Pero no caigamos en análisis ingenuos. Cada grupo representa a un lobby: el de las multinacionales de lo audiovisual por un lado y el de las grandes corporaciones de Internet por el otro. Eso sin perjuicio de que los haya que estén defendiendo lo que creen correcto. Pero esto es un choque de gigantes industriales cuyas consecuencias van a alcanzar a peces más chicos y a los simples particulares.

Pero yo a este respecto quería plantear un tema concreto. Uno que no he visto reflejado en artículos, lo que no quiere decir que nadie lo haya contemplado. Tal tema es el siguiente: todavía peor que los sitios que puedan cerrarse, es el caso de aquellos sitios que quedarán en situación de ser cerrados en cualquier momento. No es un trabalenguas y voy a procurar explicarme.

Una forma muy efectiva de tener «agarrados» a los ciudadanos y a las organizaciones es colocarlas en una situación tal que les sea imposible cumplir la ley. Eso es lo que hacen por cierto algunos ayuntamientos al demorar la concesión de licencias a locales. Les obligan a funcionar en precario. Algo que se logra también mediante una profusión excesiva de leyes.

Y también promulgando una que sea casi imposible de no vulnerar. En esa situación, los que pueden ser castigados –o sea, casi todos- se vuelven de lo más dóciles y cooperativos. Porque si se tornan díscolos, se les aplica esa ley. Y aunque eso es terrible siempre, en este caso puede serlo más porque estamos hablando de las grandes corporaciones de Internet. De Facebook a Amazon, pasando por Twitter o Wikipedia. Organizaciones que mueven a muchos millones de usuarios y cantidades ingentes de información. Si se saben en situación de ser castigadas por haber vulnerado –aún de forma involuntaria- una ley, es de suponer que muchas procurarán ser de lo más cooperativas con aquel que puede aplicarles dicha ley.

No creo que haga falta que diga más. Sobre las posibles implicaciones, cada cual que reflexione y saque las consecuencias que quiera. Por eso hacía yo arriba la bromita de que en vez de SOPA iba a ser PURE. Sé que el chascarrillo no es muy refinado desde el punto del idioma, pero entre mis prendas –muchas o pocas- no está el de un gran don de lenguas. Pero sí el tener la lengua que tengo algo afilada. Y con el sarcasmo expreso lo que considero que puede ser verdad si eso no se arregla. Que pueden pasar la privacidad por un rodillo, no a palos, sino con la amenaza del palo, que es siempre mil veces más efectivo.

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El pasado 30 de diciembre, el nuevo Gobierno del PP anunció la sustitución del llamado canon digital por otro método para compensar las pérdidas por copia privada a autores y empresas culturales. No fue ni siquiera la muerte de una crónica anunciada sino un entierro que tendría que haber tenido lugar hace meses. El canon estaba ya muerto. Un par de sentencias judiciales en su contra lo habían hecho inviable. Y en julio una iniciativa parlamentaria del PP que pedía su supresión salió adelante con los votos entre otros del propio PSOE.

Solo era pues cuestión de tiempo. Aunque el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, como en otras tantas cuestiones, prefirió sacudirse el muerto y dejárselo al Gobierno entrante. Entre otras cosas porque la simple derogación no valía. Era preciso sustituirlo por otro método de compensación por copia privada, ya que esta obedece a una directiva europea en tal sentido. Directiva a la que cada país de la UE ha dado su propia solución.

El PP ha optado por instaurar un pago a autores y empresas a través de las sociedades de gestión de derechos colectivos. Pago que hará el propio Gobierno a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. La cifra –que algunas informaciones periodísticas sitúan entre los 40 y 60 millones de euros- se establecerá mediante decreto tras consultas entre las sociedades de gestión y la industria.

Así pues, de entre los métodos posibles, el Gobierno ha optado por lo que en años pasados venía pidiendo la industria fabricante, que exigía que la compensación corriese a cargo del Estado. Algo bastante peregrino, por cierto, ya que es la industria la que se lucra con la venta de soportes y parece lógico que sea ella la que pague la compensación.

Con esta decisión el Gobierno parece comprar paz a cargo de los presupuestos. El canon digital suscitó una controversia totalmente desproporcionada respecto a la suma que suponía, que era menos de 300 millones de euros. La industria fue muy hábil al presentar esa compensación como un recargo que se veía «obligada» a imponer a los usuarios para satisfacer las exigencias de las sociedades de gestión.

Es verdad además que ese gravamen era muy injusto, dado su carácter universal, se usasen o no los soportes para copias privadas. Y el cambio por cualquier otro método pero a cargo de la industria, como parece de justicia, habría seguido atizando esa polémica. De esta forma, paga el Estado y el Gobierno se ahorra campañas en contra que han salpicado a ejecutivos anteriores.

Pero claro, estamos hablando de dinero público y ya hay entonces cosas que aquí no cuadran. Mal que el Estado, y más en la situación en la que estamos, pague lo que debieran pagar unas sociedades mercantiles. Pero además, no se entiende eso de que la cantidad se fijará tras conversaciones entre las partes implicada.

Si el Estado va a pagar, lo lógico es establecer de una vez cuánto habría que pagar. Hacer una estimación fiable de qué pérdidas se ocasiona al sector con la copia privada. Nunca se ha hecho una evaluación de verdad objetiva y que sirva de indicador de qué cifra estamos hablando. Y mientras no se haga, no sabremos si se está pagando de menos o de más. Y al ser dinero público, las cuentas, en todos los sentidos, debieran estar muy claras.

Además, ante estos cambios surgen una serie de interrogantes.

Por ejemplo, qué va a pasar con ese «recargo» que se destinaba al pago del canon digital. Ahora que se ha derogado el canon, ¿bajará el precio de los soportes? ¿O procurará la industria embolsarse esas cantidades que según ellos el usuario se veía «obligado» a pagar en el precio final? Puede que por soporte individual sean cifras muy pequeñas, pero todos juntos arrojan un buen montón de millones.

Y eso provoca una segunda pregunta. Si la industria se embolsa ese dinero, si no desaparecen esas sumas de un canon digital que ya no existe, ¿qué harán ciertas organizaciones y ciertos gurús de red? ¿Seguirán su cruzada on-line contra un recargo por soporte que seguirá existiendo pese a haber desaparecido la ley que lo justificaba? ¿O se harán los locos y se irán en busca de otras causas mediáticas que les den tanta resonancia y notoriedad como les dio esta en su momento?

Ya sarcasmos aparte, cabe preguntarse por el mismo futuro de la compensación por copia privada. La tecnología avanza a una velocidad endiablada y se están planteando nuevos escenarios que pueden dejar toda esta cuestión obsoleta. Aquí tenemos ya los almacenamientos remotos que permiten a los usuarios albergar archivos de todo tipo. Luego solo necesitan sincronizar sus distintos dispositivos para tener acceso desde el PC, el portátil, la tableta, el móvil, etc., a esos archivos. No parece que eso quepa ya dentro de lo que se entiende por copia privada. ¿Y qué sucederá si en un futuro es posible compartirlos con cientos de usuarios a la vez, sin necesidad de descarga?

Es solo un apunte, un ejemplo. Todo está cambiando a velocidad de vértigo. Lo que ahora es novedad, mañana está obsoleto. Lo que hoy parece que será el futuro, pasado mañana es vía muerta. Nadie sabe de verdad qué va a pasar. Convendría por tanto que los legisladores estuvieran atentos a las señales. Como bien se indica en ese excelente libro llamado El cisne negro, no podemos prever los sucesos extraordinarios. Pero sí podemos estar preparados por si acaso suceden.

Y así es. Debemos estar preparados para lo que trae el futuro. Hay que saber qué haremos en caso de que las condiciones sean unas u otras. Las leyes están para crear un marco justo en el que las reglas de juego estén claras y sean iguales para todos. Cada vez que la legislación no se adapta con la rapidez bastante a las nuevas situaciones, la falta de regularización hace que siempre alguien –los más débiles en cada caso- se vean perjudicados por aquellos a los que los cambios les ponen la sartén por el mango.

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El pasado 30 de diciembre se publicó el Real Decreto por el que se establecía la nueva estructura orgánica de los departamentos ministeriales. Ahí se lee que la nueva secretaría de Estado de Cultura constaría de dos direcciones generales. Es decir, que se suprimen dos de las antiguas, aunque más bien se refunde todo. Y claro, hubo quien de inmediato se llevó las manos a la cabeza.

El hermetismo que rodeó los planes del nuevo presidente de Gobierno respecto a ministros y ministerios no hizo excepciones respecto a Cultura. Aunque para la mayor parte de la gente estaba cantado que esta no iba a seguir siendo un ministerio. Tanto es así que ya llevaban tiempo agitándose las aguas. Leíamos en la prensa no pocas declaraciones a favor de que se mantuviera el ministerio de Cultura. Algunos echaban mano más de lo sentimental o lo visceral, en tanto que otros ofrecían razones lógicas, algunas de mucho peso.

Pero no pudo ser. El Ministerio se ha convertido en Secretaría General. Y el número de Direcciones Generales se ha reducido. A partir de ahí, hemos oído o leído bastantes afirmaciones acerca del daño que van a sufrir los sectores afectados. Por ejemplo, se afirma que el libro va a sufrir gran perjuicio al desaparecer como Dirección General e integrarse en la de Políticas e Industrias Culturales.

Son las reacciones que cabía esperar, ¿no?

A nadie le gusta que lo suyo se lo aminoren. Vaya por delante que a mí tampoco me hace maldita la gracia que desaparezca el Ministerio de Cultura. Mis razones no son sentimentales. Soy de los que opinan que la Cultura es uno de los sectores de futuro de este país. Que podría ser una fuente enorme de trabajo y riqueza. Una de las tablas de salvación de una nación con cada vez menos capacidad para generar ambas cosas.

Pero tampoco comparto esa furia ciega, ese descalificar de entrada. Habrá que ver qué pasa. Porque ocurre que todos estamos de acuerdo en que, en las actuales condiciones, hay que ahorrar. Y en que una forma de ahorrar es reducir el volumen de la maquinaria del Estado. Pero el consenso llega hasta ahí. Más allá de esa raya, que recorten los demás. Mi sector no me lo toques.

Esperemos. Veamos si este diseño es eficaz o se muestra inoperativo. Es cierto que a mayor rango, mayor capacidad y margen de acción… en teoría. Pero la existencia de un Ministerio de Cultura no ha servido por si solo para impulsar al sector. Era un elefante bastante hueco y a menudo guiado por Ministros débiles. Débiles en el sentido de que no podían –o no querían porque estaban a otras cosas- defender el territorio.

Solo basta echar una ojeada a esas extrañas partidas que constan en algunos presupuestos de años pasados o la forma en que otros ministerios, sobre todo el de Exteriores, han estado entrando a saco en los fondos de Cultura para financiar actividades propias. Basta eso para darse cuenta de que tampoco ser ministerio pone a salvo de nada. Si Cultura acababa pagando saros de Exteriores, costeando literalmente los canapés de otros, es que la cosa no marchaba como debía. ¿No?

Lo dicho. Se han expuesto argumentos muy sólidos a favor de que Cultura siga siendo Ministerio. Pero otro tanto podríamos decir de Ciencia y alguna otra área. Hay que ahorrar, hay que recortar por todos lados. Partiendo de esa premisa, esta reordenación no será digna de aplauso, pero tampoco se merece que le tiren tomates antes de que se levante el telón.

Creo que en este y en otros terrenos debiéramos dejar de pedir recortes para los demás e intocabilidad (si es que tal palabro existe) para lo nuestro. Eso es pedir recortes de pestañas al ojo ajeno al tiempo que rehusamos lavar las legañas del nuestro.

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