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Archive for 27 diciembre 2011

Hace un par de semanas, el director de la Academia de Cine, González Macho, hizo un comentario en una conferencia en el Foro de la Nueva Cultura que me dio que pensar. Fue acerca de la piratería contra la propiedad intelectual y las pérdidas que causa a la Hacienda Pública. Alrededor de 2.000 millones perdidos en impuestos. Suficientes para cubrir el agujero en sanidad.

Lo que me dejó pensando no fue la cifra ni eso de la sanidad, que ni siquiera he comprobado. Fue más bien la orientación del comentario. Porque son datos como ese los que se descuidan a la hora de concienciar a la opinión pública sobre este tema.

Soy de esos que creen que uno de los grandes errores en la lucha contra la piratería es que la batalla de la imagen se ha dado de forma pésima. O más bien ni se ha dado.

Piensen que los derechos de la propiedad intelectual se enfrentan a un hándicap importante respecto a otros derechos. Verán: en el caso del robo, el asesinato o la violación, el 99% de los ciudadanos son susceptibles de sufrir el delito y solo un porcentaje residual de cometerlo. De ahí el consenso social en esos temas. Reprimir tales delitos es cuestión de supervivencia para la gran mayoría.

La cosa cambia con la piratería. Los porcentajes son inversos casi. Un 1% de la población –si llega- está amenazada por ese delito, en tanto que la gran mayoría tiene la posibilidad de cometerlo. Eso marca una diferencia y es absurdo ignorar el hecho.

De esa mayoría en posición de piratear, un porcentaje lo hace. Y parte de ellos además alardean de hacerlo y lo defienden. Como cuando se comete cualquier delito o agresión contra los que son sus conciudadanos, buscan justificaciones. Buscan soportes ideológicos que certifiquen que lo que hacen no está mal o incluso que está bien.

Y si hay demanda, aparece la oferta. No faltan los gurús de ocasión que dan ese soporte ideológico y eslóganes. Que alientan y fabrican argumentos. Tampoco faltan medios de comunicación dispuestos a dar resonancia a esos argumentos. Medios que son parte interesada en esta guerra, por cierto.

Si a todo eso sumamos las malas prácticas de ciertas sociedades de gestión y colectivos de la creación, el caldo de brujas está servido. La avaricia, la prepotencia, la apuesta por el lobby de presión política frente a la defensa de las buenas leyes han hecho mucho daño al sector.

La imagen de unos creadores codiciosos y ruines no se ha forjado en dos días. Tampoco nació por generación espontánea.

Es paradójico que en esto el sector cultural haya perdido la batalla de la imagen. Tantas mentes brillantes, tantos conocimientos sobre el tema. Y derrotados por… ¿por quién? Por unos cuantos agitadores de segunda y por los trolls que saturan a insultos las páginas de comentarios de la prensa online cada vez que se toca este tema. Poco más.

¿No será que la batalla de la imagen la ha perdido el sector cultural más por los errores propios que por la cantidad y calidad de sus enemigos activos?

Por eso digo que me quedé pensando cuando oí aquel dato sobre las pérdidas causadas por la piratería a Hacienda. ¿Qué pasaría si esas cifras se usasen de manera adecuada? En otra entrada que titulé Contra la piratería, más educación y una pizca o dos de visión estratégica, contaba cómo los expertos señalan que para combatir la piratería son necesarios educación, leyes más claras y represión adecuada.

A esas tres quizá habría que añadir un cuidado por la imagen que hasta ahora no se ha tenido.

El sector cultural debiera invertir en imagen, como lo hacen otros. Presentar a la ciudadanía las cifras. El dinero perdido en impuestos. La destrucción de empleos. El lucro indecente de particulares y mafias organizadas. Habría que tratar a la piratería en su conjunto, y no solo a la que daña a la propiedad intelectual. Habría… mucho que hacer, eso es lo que habría.

Si el sector cultural diese la batalla de la imagen, tal vez se volverían las tornas. Si los profetas de la piratería campan a sus anchas es porque nadie les planta de verdad cara. Al menos no de la manera adecuada. En una época de crisis como la que vivimos, la opinión pública es muy sensible a las pérdidas para las arcas públicas y en empleo.

Acaba de anunciar el nuevo ministro de Educación (y por tanto de Cultura) que está dispuesto a actuar contra los que se lucran de forma indebida con las descargas. Y eso ha bastado para que ya salgan a relucir las navajas. Ya veremos en qué forma aborda este Gobierno ese problema.

Lo que decía que para el sector cultural es un problema de imagen, para el Estado es una cuestión de pedagogía. No puede ser que según una encuesta reciente, solo un 30% de los españoles ve a las descargas ilegales como algo delictivo. Se han estado haciendo muy mal las cosas. Hay que presentar esas cifras y si es preciso recurrir a campañas de concienciación pública como las de los accidentes de tráfico. Las medidas legales, llegados a este extremo, me da la sensación de que no bastan.

Ocurre que el propio Estado ha quedado salpicado por haber tomado medidas que favorecían a algunas industrias culturales mediante fórmulas chapuceras que al final han hecho mucho daño. Y ahora es fácil echarle encima a la gente. No tanta multitud como parece, pero sin duda que habrá bastante ruido mediático y en redes. Y eso suele poner muy nerviosos a ciertos políticos. Y si no véase la lamentable actuación del anterior presidente, el Sr. Rodríguez Zapatero, que paralizó la aprobación del reglamento de la llamada ley Sinde no por convicción sino por miedo a la reacción de ciertos sectores públicos.

Para no alargarnos. Que mientras no se trabaje más en las áreas de pedagogía e imagen, la guerra contra la piratería no podrá ganarse en este país. Y mientras no se gane –porque lo anterior ha de acompañar a mejores leyes. Leyes que protejan los derechos legítimos de los creadores sin conculcar los también legítimos de los ciudadanos-, España seguirá siendo señalada como un paraíso para toda clase de piratas. Y eso incluye a las mafias organizadas de la falsificación. Una distinción más bien triste que yo, al menos, no quisiera ver mucho tiempo en nuestra pechera.

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Las bibliotecas públicas lo están pasando de verdad mal con esta crisis. Me dirán que como otros muchos sectores, tanto dentro como fuera de la cultura. Y les responderé que eso es cierto, pero que este en concreto se está llevando un verdadero vapuleo.

La compra de libros con destino a bibliotecas ha caído en más de un 40% este año. Un dato nefasto, pero que era solo el anticipo de lo que está ocurriendo por toda nuestra geografía. En Albacete les reducen el dinero de forma drástica. En Gijón también, en su caso para dotar con ese dinero a un festival de nueva creación. A la Biblioteca de Cataluña, otrora proyecto estrella, le han dejado con un tercio del presupuesto que tenía hace cuatro años, lo que en la práctica le reduce a poco más que una carcasa…

¿Para qué seguir? Qué duda cabe que, como toda crisis, también puede traer algunas consecuencias positivas. Por ejemplo, liquidar duplicidades fruto de la vanidad de las distintas administraciones. Eso es lo que dicen que va a ocurrir con la Comunidad de Madrid, que trata de pasar sus bibliotecas al Ayuntamiento.

Pero en general esto es un naufragio en toda regla. Y a la vista del panorama uno no puede por menos que preguntarse si en este tema –como en tantos tocantes a Cultura- las administraciones públicas tienen las ideas claras. Si saben lo que quieren y a dónde se dirigen con sus actuaciones.

Es vistoso inaugurar nuevas bibliotecas en fábricas y establecimientos antiguos, cuando no los dedican a espacios escénicos. Pero ahora que vienen las vacas flacas están recortando sin contemplaciones. Tal vez porque mantener bibliotecas no da tanto rédito mediático como inaugurarlas a bombo y platillo.

Pero las bibliotecas públicas no están para que los políticos de turno se ganen 30 segundos en la televisión autonómica. Son piezas clave para mantener una cultura «de base», en garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura, en abrir cauces para llegar a información especializada y académica… Así lo demuestran los más de 36.000.000 de consultas a libros y publicaciones realizadas en bibliotecas públicas durante 2010. Treinta y seis millones nada menos.

Con recortes brutales que llegan a veces hasta el 70% del presupuesto, los daños son obvios. Pero además del desastre en lo cultural, hay otros daños colaterales y derivados.

De entrada, si se adquieren menos volúmenes con destino a las bibliotecas, el sector editorial se resiente. Eso es de cajón. La cifra arriba apuntada de 36 millones de consultas, así como las 6.601 bibliotecas existentes (dato del INE para 2008) indican hasta qué punto este segmento es importante para el negocio editorial.

Pero además, desde 2007 existe un pago que han de efectuar las bibliotecas a los autores como compensación por el préstamo. En realidad tal obligación se extiende a museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas, filmotecas, etc. Así lo establece la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas, de 22 de junio de 2007. Esta ley fija excepciones (como las bibliotecas que presten servicios a municipios de menos de 5.000 habitantes). Dispone también que la distribución de esa compensación se hará a través de las respectivas sociedades de gestión de derechos colectivos.

En el caso de las publicaciones y las bibliotecas, CEDRO es la entidad que se ocupa de la recaudación y reparto. Y en estos días tocaba el tercer reparto; el correspondiente a lo ingresado por el año 2009. Digo «tocaba» porque la semana pasada CEDRO anunció que se suspendía. ¿El motivo? Que se han recaudado menos de 50.000 euros. Eso, entre los 36 millones de préstamos da ni a céntimos. Una cifra muy baja se debe en parte a la disminución de compras por parte de las bibliotecas. Pero sobre todo a que las administraciones e instituciones no están pagando.

En realidad, esto de las compensaciones por préstamo no ha llegado a cuajar. Ya hemos dicho que este era el tercer reparto. En el primero, correspondiente al 2007, se recaudaron 489.978 euros. Pero en esa ocasión, por ser la primera vez, fue el ministerio de Cultura el que aportó la suma.

Para el reparto del 2008, cuando ya tenían que pagar los interesados y no papá estado, solo se recaudaron 180.420 euros. Un 63% menos. Fue así porque solo pagó una minoría. El ministerio de Cultura, las comunidades madrileña y navarra, la diputación foral de Guipúzcoa, alguna institución privada y poco más.

Y ya este año… este año no ha pagado ni Dios. ¿Para qué iban a hacerlo, si se pueden saltar la ley sin sufrir consecuencia alguna? Como siempre, hay dos varas de medir, dependiendo de si hay que aplicar las leyes a administraciones o a ciudadanos.

Y en el tema de Cultura empieza a ser la tónica por parte de algunas administraciones. No pagar en unas ocasiones y en otras apropiarse del dinero ajeno. Y si no que se los digan a unas cuantas compañías teatrales, que han visto cómo ayuntamientos se quedaban sin pestañear con el total de la recaudación por sus actuaciones.

La compensación por préstamo pretende justo eso: compensar a los autores por la merma de ventas debida al préstamo de libros y publicaciones. Esa disposición en la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas da trasposición a la legislación española de una directiva europea. Es discutible, como casi todo en esta vida. De hecho ha sido bastante contestada y algunos casi la ven como una hermana pequeña del llamado «canon digital». No vamos a discutir aquí tampoco sobre esto.

Lo que no es discutible es que las leyes están para cumplirlas. Ni que en esto han de dar ejemplo las administraciones públicas. Justo las que a menudo las incumplen sin el menor sonrojo. Y en esto tenemos un ejemplo. Uno de tantos.

Me dirán que la suma no llega al medio millón de euros. Nada comparado con las dádivas de última hora que anduvo repartiendo la ministra de Cultura en funciones. También dirán que, a repartir (según número de consultas y obras) entre más de 25.000 escritores y traductores, este incidente no va a arruinar a nadie. Bueno, de entrada ese dinero era suyo. Y a más de uno le venían que ni pintados esos euros para cubrir algún gasto de cara a las Navidades.

Las cifras mencionadas en esta entrada serán poca cosa. Pero recuerden aquella fábula del camello y la paja. En muchos sectores productivos, entre ellos la Cultura, hay muchos españolitos que son como el camello. Aguantan como pueden mientras cae sobre ellos una lluvia de hebras de paja. Hebras que se van acumulando sobre ellos y forman una carga cada vez más pesada. Algún día, como en la fábula, caerá otra brizna, solo una más, y la columna del camello, incapaz de soportar tanto peso, se romperá como el cristal.

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La semana pasada, el ICAA (Instituto de las Ciencias y Artes Cinematográficas) nos regaló con la creación de una nueva categoría con la que clasificar las películas. Esa categoría es la de «Especialmente recomendada para la igualdad de género» y dispondrá de pictograma propio informativo. En resolución se indica que es una medida por completo novedosa en todo el mundo. Así lo afirman ufanos. Aquí se puede leer.

Este es un candado más en una jaula ya muy férrea y lóbrega; la de la subordinación de la Cultura al Poder en España. Segmentos culturales enteros están a expensas de las decisiones de los mandatarios de turno, dado que no pueden subsistir sin el dinero del Estado. Y esto es algo que vale tanto para las artes escénicas como para los inmuebles que forman parte del Patrimonio Histórico español.

Armas y bagajes es un blogs sobre políticas culturales. Por tanto no voy a clamar aquí contra el atentado que una regulación así perpetra contra la libertad de creación. También procuraré evitarme sarcasmos… en la medida de lo posible, claro.

Esto es un caso particular de una situación general. La de que los poderes políticos se inmiscuyen cada vez más en la esfera de las libertades ciudadanas. Una intromisión que roza el totalitarismo moral. A los poderes de este estado ya no les basta con que los creadores comulguen con los valores morales de la sociedad. Ahora han de hacer profesión pública de fe, ser didácticos de ellas en sus creaciones. Y parte de nuestros conciudadanos aprueba esa presión. Es como poco inquietante. O tal vez es que no se han parado a pensar lo que todo eso implica.

Las creaciones a menudo no son neutrales. No tienen por qué serlo. Es una de las muchas decisiones para que las está legitimado el creador con su obra, tanto como las estéticas o narrativas. El cine en concreto ha generado gran número de películas con carga política, con intención social o de denuncia. Que el cine puede influir en la masa ya lo sabían de sobra y usaban regímenes como el nazi o el soviético. Debieran algunos recordar ese dato.

Porque cuando la carga política o social de las películas responde a un plan sistemático para aleccionar a la ciudadanía, estamos ante lo que se llama «propaganda». En tales casos, la distancia que separa a los cines de las escuelas es justo la que hay entre el adoctrinamiento y la educación. Ni más ni menos.

Quieren cargar al cine español con una orientación pedagógica. Otro desacierto muy común en nuestros tiempos: trasferir obligaciones a quien no le toca. Para formar en igualdad, y en otras muchas cosas, ya está la Educación. Esa educación que se imparte en las escuelas, así como esa otra educación que los padres están obligados a dar a sus hijos. Justo los que no están para eso son unos señores (o señoras) que se dedican a hacer cine.

Además, no nos engañemos. Esto puede generar otra economía parásita, la enésima en el campo de la Cultura. La mayoría de esas futuras películas «igualitaristas» serán fracasos de taquilla. A experimentos ya habidos dentro de la literatura juvenil me remito. Así que comenzarán a pedir ayudas. Subvenciones, vamos, so pretexto de que son de utilidad pública y de que dirán competir en desventaja.

Dineros públicos. Subvenciones. Y esto nos regresa al principio. A la relación clientelar de la cultura española respecto al poder. El segundo pone el dinero, dice por tanto quién, cómo y cuándo. Dicta las normas éticas del arte ni más ni menos que en otros siglos la Iglesia, los mecenas renacentistas o los monarcas europeos. Si los prelados ponían el dinero, los retablos eran de Vírgenes y Santos. Si lo ponían los reyes, eran cuadro de ellos esplendorosos a caballo.

El arte refleja la ética y los valores del que financia. El que paga manda. Pero en este caso quiero señalar una salvedad. Esto es una democracia. Ese dinero es público, lo gestionan los políticos por mandato en las urnas. O sea, que encima, al final todas estas políticas desquiciadas y lesivas salen de nuestros pobres –metafórica y literalmente- bolsillos.

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