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Archive for 17 agosto 2011

En una entrada anterior hacía algunos comentarios sobre los datos ofrecidos por el Avance sobre el comercio interior del libro, publicado por la Federación de Gremios de Editores de España. Ahora vamos a usar otro documento de la misma institución, El barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, correspondiente al primer semestre del 2011, para echar una ojeada a la situación de los libros electrónicos en España. Eso sí, les animo a echar una ojeada al documento completo, porque resulta de sobra interesante.

Centrándonos en el ebook, se nos indica que un 2,1% de los lectores que leen en algún tipo de soporte digital, leen este tipo de libros. Como el estudio cifra el porcentaje de lectores digitales en el 52,5% del total de la población española, hemos de entender que alrededor de un 1% de los españoles lee ya libros electrónicos.

El barómetro nos informa también de que un 3% de los españoles dispone de lector de ebooks. También de que esto supone un incremento de nada menos que el 75% en los últimos seis meses. Parece un dato muy alentador, pero conviene no echar las campanas al vuelo. ¿Por qué? Porque de la lectura del barómetro me queda la duda de si esos lectores son readers de tinta electrónica o si aquí se incluyen también las tabletas PC. El detalle es importante, ya que las segundas son dispositivos multimedia que no es adquieren como los primeros para leer, aunque lo permitan. Si estuvieran incluidas, se quedaría en poco ese incremento tan espectacular del 75%, ya que el periodo coincide con uno de despegue en ventas de las tabletas.

En fin, que el libro electrónico en nuestro país sigue siendo residual. A punto de dejar de serlo para convertirse en una opción minoritaria pero a tener en cuenta, es cierto, pero no avanza ni de lejos a la velocidad que en Estados Unidos, por poner un ejemplo. Así que habría que preguntarse por qué. Si hay algún motivo, más allá de una hipotética renuencia frente a este formato por parte de los lectores de libro en papel.

En lo que a la Administración toca, no se lo está poniendo fácil al libro electrónico no. Y la principal traba es el IVA que se ha fijado para este tipo de productos. A un libro electrónico, si se descarga, se le aplica nada menos que un 18%. A ese mismo libro electrónico en soporte CD o similar, así como al libro en papel, en cambio, se les aplica un IVA superreducido del 4%. Esta discriminación absurda proviene de una respuesta vinculante de la Agencia Tributaria a una consulta. En esa respuesta, la Agencia invocó para la aplicación del 18% una directiva europea que ni está traspuesta ni es de obligado cumplimiento. Pero este tema ya lo hemos tratado en otra entrada anterior. Ahí pueden ver el asunto desarrollado y aquí solo diremos que esto del IVA está lastrando de forma muy grave al sector en este terreno.

Pero también hay problemas que no son imputables a las Administraciones Públicas y sí al propio sector del libro.

De entrada, hay pocos títulos disponibles, al menos si se lo compara con la cantidad de títulos disponibles en papel. Y para seguir, algunas editoriales –con independencia del IVA antes señalado- ponen un precio disparatado a sus ebook. No puede ser que haya títulos que en papel cuestan 20 euros y que electrónicos salgan por 16. Los lectores se echan las manos a la cabeza y con razón. Cuando los editores afirman que les es imposible poner un precio menor, en seguida se les acusa de de avaricia, de afán de lucro desmedido. Pero eso tampoco es así. Vamos a ver qué ocurre.

Sucede que el ebook es un producto editorial del todo distinto. Y que eso hace que se esté produciendo un fenómeno de «canibalización». Es decir: lo que una editorial gana con la venta de ebooks es a costa de sufrir un descenso en las ventas de esos títulos en papel. El ebook es más barato, el número de libros vendidos (suma de electrónico y papel) se mantiene igual y la empresa sigue teniendo una serie de gastos que producen los segundos: almacenes, comerciales, transportes, etc.

Es una ecuación peligrosa. Y algunas editoriales están cometiendo el error de cargar a los ebooks –como a cualquier otro de sus productos- la parte proporcional que le correspondería de esos gastos. Solo que los ebooks no causan tales gastos.

Por poner un ejemplo, es como tener una empresa de transportes en la que hubiera botas de caminar y caballos para cabalgar. Y se imputase a las primeras los gastos de forraje, establos, veterinarios, etc. Desde luego el par de botas saldría carísimo. Pues aquí igual.

Así que no es una cuestión simple de codicia, o al menos no en todos los casos.

¿Significa esto que está bien, que es una política acertada? A juicio de muchos no. De hecho es más bien suicida. A largo plazo no se podrá sostener. Porque ¿qué pasará cuando los ebooks supongan el 20 y no el 1% de los ejemplares vendidos? ¿Irán aumentando el precio para compensar el gasto adicional derivado de la progresiva reducción de tiradas en papel, que encarecerá al libro tradicional?

Pero a corto plazo hay una cuestión más urgente. Si revisan el barómetro de hábitos de lectura, verán que el ebook crece sobre todo entre los lectores más jóvenes y los mayores. Eso no puede ser casualidad. El formato electrónico es un gran avance para las personas de edad, ya que les permite aumentar el tamaño de letra. Y en cuanto a los más jóvenes, la comodidad y lo familiar para ellos de los dispositivos de lectura son grandes alicientes.

Si la oferta de títulos en electrónico es escasa y los precios abusivos, los jóvenes acudirán a las descargas ilegales. Hay infinidad de páginas piratas con una oferta mucho mayor que la legal de las editoriales. Eso a día de hoy es un hecho. Si toda una generación se acostumbra a piratear libros electrónicos, luego la cosa va a ser difícil de enmendar. A las pruebas me remitió. Y si no piensen lo que pasó hace solo unos años con las descargas de música.

¿Cuál es la solución? Bueno, por la parte de la administración parece más fácil. Corregir ese absurdo del IVA del 18%. Tal vez también aceptar que el editorial es un sector que se enfrenta a una crisis de cambio y, en consecuencia, desarrollar una legislación favorable y arbitrar ayuda. Ayudas en forma de créditos como los que se conceden a cualquier otro sector industrial. Por favor: nada de subvenciones a fondo perdido, que lo único que crean son clientelismos, corrupción y economías parásitas, como ya se ha visto con otras industrias culturales.

En cuanto a las propias editoriales, ¿qué pueden hacer? Pues la verdad es que no sabría decirles. Desde luego, parece lógico que seguir por ciertos caminos antes apuntados solo llevan al desastre.

Las editoriales tendrán que realizar los cambios necesarios, que serán distintos en cada caso. Piensen que el mundo editorial es casi un universo en sí mismo. No es lo mismo una editorial pequeña que una mediana, y estas dos poco tienen que ver con un gran grupo. Todas producen libros, pero como estructuras empresariales son de lo más distintas.

Las editoriales pequeñas tienen en principio más fácil adaptarse al ebook, ya que no tienen almacenes en propiedad, ni personal comercial, ni cargan con una serie de condicionantes que retrasen la reconversión. Los grandes grupos a su vez pueden crear nuevas sociedades mercantiles para la gestión en exclusiva de los ebooks. Pero eso no les libra de cómo grupo tener que encarar los problemas arriba señalados. Aparte de que hay que abordar el tema de cómo se van a promocionar en el futuro los libros electrónicos, que discurren por canales no tradicionales…

En fin. Que es un gran lío. Es complicado y cada cual tendrá que arreglar su casa como buenamente sepa y pueda, que para eso las empresas son sociedades mercantiles; negocios. Pero el Estado a su vez es la casa de todos. Y la Administración debiera dar los pasos para facilitar y no para estorbar el desarrollo del ebook.

Si no lo hacemos así, lo único que conseguiremos es que en el futuro los españoles compremos ebooks a través de webs de empresas radicadas en el extranjero. Y no digo esto porque sufra un brote de nacionalismo, que es algo que detesto. Pero si eso ocurre habremos destruido una industria de momento pujante en España. Eso significaría pérdida de puestos de trabajo y una sangría de dinero hacia el exterior. En definitiva, que nos empobreceríamos todavía un poco más como país.

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Supongo que todo el mundo recuerda aquel asunto de «los papeles del archivo de Salamanca». El incidente tuvo lugar durante la primera etapa del zapaterismo y provocó una bronca tan áspera como sonada. El Gobierno Central entregó al de la Generalitat catalana documentación incautada en Cataluña durante el franquismo. Esa entrega fue una excelente ocasión para políticos y mediáticos de toda ralea, que aprovecharon para llenarse la boca al respecto. Luego todo cayó en el olvido, como suele ocurrir en este país, en el que a ciertos personajes lo que ocurra en sí no les interesan para nada, más allá de si les sirve o no para saltar a la palestra o ganar audiencia.

Ese silencio mediático ha inducido a muchos a creer que aquello fue un suceso aislado. Nada de eso. Han seguido saliendo documentos del archivo de Salamanca, reclamados por los gobiernos regionales de Cataluña y el País Vasco. El otro día, sin ir más lejos, sacaron del archivo un camión y dos furgonetas con 727 cajas –unos 800.000 documentos- según las informaciones, rumbo a la primera de esas comunidades.

En su día, tanto ruido mediático y tanta declaración altisonante solo sirvieron para crear confusión sobre el asunto. Así que vamos a tratar de aclarar lo que está ocurriendo en unas pocas líneas.

Al Archivo de la Memoria Histórica, ubicado en Salamanca, por mor de una de las ocurrencias del presidente Rodríguez Zapatero, distintas CCAA están enviando documentación tocante a la Guerra Civil. Esto en sí ya es considerado una barbaridad por los expertos, puesto que la medida supone dividir archivos ubicados en ciudades de toda nuestra geografía. Eso ha ocurrido por ejemplo con el archivo de Melilla, que se ha visto privado de toda la documentación referente a la Guerra Civil, a cambio de una mísera inversión en fondos para su biblioteca pública y una exposición.

Pero ocurre que la legislación derivada del estatuto de Cataluña en materia cultural dispone que todo aquello que tenga que ver con Cataluña puede ser reclamado para su ubicación en instalaciones de esa región. Amparándose en tal disposición, sucesivos gobiernos autonómicos han estado apoderándose de documentación depositada en Salamanca.

El esperpento –una de las señas de identidad del zapaterismo- es tal que ha salido documentación de Madrid obedeciendo a la ley que obliga a depositarla en Salamanca, y acto seguido la Generalitat se ha apoderado de ella para llevársela a algún destino todavía sin especificar de Cataluña.

En cuanto al hecho en sí, el de que los papeles queden en poder de un gobierno regional como es el de Cataluña, también conviene hacer algunas aclaraciones. En su día ciertos mediáticos mal informados o malintencionados –o un poco ambas cosas-, pertenecientes a lo que se ha dado en llamar «la caverna», sembraron una notable confusión al respecto.

De entrada, en su día el franquismo se incautó de no pocos papeles pertenecientes a privados. Parece lógico y de justicia básica que si esas personas o sus descendientes los reclaman se les entreguen. Por cierto que eso no parece haber sucedido, lo que convierte a la entrega de documentos privados –sin cumplir el requisito previo legal de haber sido solicitados por las personas legalmente interesadas- en un acto cuanto menos irregular. Es un despropósito archivístico y podemos suponer que incurre en infracciones de la ley de Protección de Datos.

Pero más allá de ese punto concreto, hay que sentar que es falso que el gobierno central haya entregado esa documentación en propiedad a la Generalitat catalana. Eso sería ilegal. El Gobierno no puede dar la propiedad de bienes del patrimonio común a una administración de rango inferior, sea autonómica o local. Lo que ha hecho es cederlo sine díe. Entregarlo en encomienda de custodia. Es decir: la propiedad sigue siendo del estado pero por el momento la custodia y el mantenimiento corren a cargo de la administración autonómica.

Y tras estas aclaraciones, vamos con el caso Centelles.

Agustí Centelles está considerado con justicia el fotógrafo de la Guerra Civil española. Nacido en Valencia pero trasladado a Cataluña muy joven, ejerció allí el fotoperiodismo y allí le sorprendió la Guerra Civil. Unido al bando republicano, realizó reportajes en plena línea de combate y colaboró con el ejército republicano. Con la derrota, se exilió en Francia y no regresaría hasta 1944. No se le permitió realizar fotoperiodismo ya más. Murió en 1985 dejando un legado impresionante de miles de fotografías.

Durante años, sus hijos trataron en vano de que la Generalitat catalana adquiriese la colección fotográfica de la guerra de su padre. Esta institución no se interesó o si lo hizo fue ofreciendo sumas irrisorias, de la misma forma que no se molestó en honrar al fotógrafo en los últimos años de su vida.

En 2009, al ofrecer la sala Christie´s 850.000 euros por la colección y ante el riesgo de la salida de esta de territorio nacional, el Ministerio de Cultura ejerció derecho de tanteo. Los herederos del fotógrafo se avinieron a venderla al estado por 700.000 euros. Pusieron además ciertas condiciones, como que los negativos –unos 10.000 nada menos- quedasen depositados justo en el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca. Y ahí comenzó el lío.

Porque no bien adquirida la colección por el estado, los nacionalistas catalanes comenzaron a exigir esos negativos, con acciones parlamentarias y las declaraciones altisonantes de costumbre. Y en ello siguen. Hasta ahora, hay que reconocerlo, parece que el Ministerio se ha resistido con éxito a esas pretensiones. Pero en un país donde los partidos mayoritarios están acostumbrados a entregar los muebles del estado a los partidos nacionalistas, regionalistas, locales, etc., a cambio de su apoyo en votaciones parlamentarias, ya veremos cómo acaba todo esto.

Pero en esta entrada no vamos a hablar de la indecencia que supone anteponer intereses de partidos a interés de estado. Tampoco de la extravagancia de tratar de reunir en una sola ubicación todos los archivos que van de 1936 a 1975. Ni de la mala fe de unos partidos nacionalistas que buscan siempre la confrontación entre territorios. Ni de dónde debieran estar depositados esos negativos.

Sí quiero señalarles un «detalle». Ese detalle es justo que la colección Centelles está formada por negativos. Y los negativos requieren unas condiciones de conservación muy estrictas. En el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca han construido ya una bóveda que cumple esas condiciones. Allá donde pretenden trasladar los negativos los nacionalistas no existe tal bóveda. O sea: que tendrían que construirla. Y eso vale –así como mantener después las condiciones idóneas- una fortuna. Literalmente una fortuna. No es una licencia literaria. Muy pocas empresas en el mundo pueden hacerlo y cobran sus servicios a peso de oro.

Y con ese «pequeño» completamos el cuadro. Porque no me digan que en conjunto no es buena alegoría de este régimen zapaterista que da ya sus últimas boqueadas. Fíjense si no:

Un mega archivo sobre la Guerra civil y el franquismo, enésima ocurrencia de un presidente cuyas acciones han solido estar manchadas de oportunismo o mesianismo, cuando no de las dos cosas a la vez. Para nutrir a ese mega archivo se están destrozando archivos por casi toda la geografía española. Pero a su vez, no bien llegan esos documentos, los nacionalistas caen sobre ellos para apropiarse de lo que les viene en gana. Unos nacionalistas desquiciados que parecen estar dispuestos a pagar la millonada que costaría construir una bóveda capaz de contener los negativos, al tiempo que no les tiembla la mano a la hora de cerrar hospitales en Cataluña.

Señores, esto es delirante.

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