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Archive for 29 junio 2011

A vuelapluma.

Se ha montado la de Dios con la designación de San Sebastián como capital cultural europea para el año 2016. ¿El motivo? Que la alcaldía de esa ciudad está en manos de Bildu y que el presidente del jurado tuvo la ocurrencia de reconocer que en la concesión ha sido determinante el criterio de «contribuir a la paz». Y se armó.

Dos valedores de dos de las principales candidatas, el alcalde Belloch por Zaragoza y la ministra Aguilar por Córdoba (de la que fue alcaldesa) han puesto literalmente el grito en el cielo. Acusan al jurado de haberse guiado por criterios políticos e incluso el primero está dispuesto a pedir la invalidación de la designación.

De entrada se queda uno perplejo. Claro que se han guiado por criterios políticos. Es que esto es política. Justamente política cultural. Estas designaciones, que acaban suponiendo un gasto considerable a las arcas públicas, deben de ser aprovechados para proyectar la imagen de la ciudad, generar empleos, aumentar el disfrute cultural de la población…

Otra cosa es que esos «criterios políticos» sean espurios. Moneda de cambio y cambalache. Pero es significativo que incluso nuestros cargos públicos se hayan infiltrado hasta tal punto del lenguaje popular. Que usen la palabra política –política que ellos practican- tenga sin querer connotaciones negativas cada vez que se pronuncia.

Pero dicho eso volvamos al meollo. A que al final entren en juego intereses ajenos o espurios. Ocurre que este caso es en especial desgraciado, pero no es nada nuevo. No pocas designaciones de capitales culturales europeas han estado bajo la sospecha de designación «oportuna». Oportunidad que no tenía que ver con la cultura y sí con otros considerandos.

Esa es la desgracia. Que las políticas culturales no son tomadas en serio por muchos personajes con ínfulas de estadistas. Que ven los presupuestos de cultura como gastaderos al servicio de su vanidad, para recompensar afines o palmeros, o directamente para apuntalar actuaciones políticas que nada tienen que ver con los fines primarios.

Ha pasado lo que tenía que pasar. Casi la mitad del jurado estaba designado de forma directa por el ministerio de Cultura. Y ese jurado ha puesto –a no ser que las próximas elecciones municipales lo impidan- unos 90 millones de euros en manos de Bildu. Manos que estos ya se están frotando al tiempo que ya hacen planes de cómo emplearlos. Ya hemos podido ver a ese alcalde en la tele, llenándose la boca de cómo aprovecharán para proyectar la cultura vasca, el euskera, etc., etc.

Al final, resulta que estos de Bildu están haciendo una política más española imposible. Les ha caído del cielo un dineral para convertir a San Sebastián en capital cultural europea. Y les ha faltado tiempo para ponerse a maquinar en cómo emplearlo en de todo menos justo en el fin en principio pensado. Que es justo lo que cabía esperar de una clase, la política española, que como tal –con sus excepciones individuales- no entiende que la cultura es un motor económico de futuro, aparte de una fuente de bienestar para la ciudadanía. Lo ven como una excusa, como una vaca a la que ordeñar con destino siempre a baldes ajenos.

Y así nos luce el pelo. De ahí el título. Todo lo que está rodeando a esto es el ejemplo perfecto de la España negra postmoderna, repleta de caciques, chanchullos, dedazos, matones y esperpentos.

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Dicen que la cara es el espejo del alma. Desde luego, hay iniciativas legislativas que sí lo son de los partidos que las promueven. En ocasiones, no hay microscopio mejor con el que observar qué es lo que hay de verás detrás de ciertas formaciones políticas.

En las iniciativas políticas de todo partido asoman tics, reflejos condicionados que son parte de su esencia. Y esto es sobre todo válido para los nacionalistas. A ellos, sus peculiares fantasmas les rondan siempre cerca. Acaban siempre por enturbiar su discurso y sus actuaciones, no importa cuál sea el tema que se esté tratando.

La estrategia y obsesión de los nacionalistas es la de arrebatar al estado cuotas de poder o en su defecto dañar el entramado legislativo e institucional para debilitarlo. Es una batalla que dan en todas las áreas –desde la energía a la enseñanza, de la cultura a los transportes- y la dan también a todos los niveles.

Digo esto porque la atención pública suele fijarse en las grandes decisiones, en polémicas transferencias de competencias. Y es un error. Porque por debajo –no al nivel de las leyes sino al de los articulados de tales leyes- los nacionalistas han estado trabajando de manera incansable. Llevan décadas forzando a gobiernos débiles a introducir modificaciones que una a una pueden parecer pequeñas. Pero todas juntas han ido dando a los gobiernos regionales más poder. Han desviado hacia esos gobiernos –o hacia organizaciones y personas satélites de los mismos- más dinero. Han ido de paso lastrando cada vez más al estado.

Vamos por ejemplo a fijarnos en la Ley Reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Una ley más que discutible que el actual gobierno trata de sacar adelante. El martes pasado, los distintos grupos parlamentarios presentaron sus enmiendas. De entrada, uno pensaría que esto debiera ser un tema bastante neutro. Pero en política no hay nada neutro y en España menos.

Echemos una ojeada a algunas enmiendas presentadas por partidos nacionalistas y en seguida entenderán lo que les digo. No las leeremos todas, solo tres o cuatro a manera de cata. Hare también una salvedad: junto a estas que vamos a ver, algunos grupos nacionalistas han presentado otras enmiendas más que estimables, como son las que tocan al tema de la accesibilidad.

Para no hacer esta entrada de blog demasiado larga, la voy a dividir en tres o cuatro partes. Y en esta primera entrega, dado que me he extendido en la presentación, solo veremos una. Una sola pero significativa.

Se trata de la enmienda nº5 de adición presentada por ese matrimonio de conveniencia que forma ERC con IU e IPC-V para poder tener grupo parlamentario propio. La enmienda dice lo siguiente:

Se añade un nuevo párrafo a la exposición de motivos con la siguiente redacción:

«El museo debe conservar, difundir, documentar, estudiar, coleccionar… pero por encima de todo está al servicio de la sociedad y de los ciudadanos.

Un museo estatal es un museo al servicio de todos los ciudadanos del estado y por tanto debe colaborar y cooperar con todos los museos de arte contemporáneo participados por cualquier administración pública en cualquier parte de su territorio con una voluntad clara de descentralización y federalismo en lo que respecta a los servicios culturales del estado.»

En su conjunto, esta enmienda es una muestra más que notable de lo que se llama falacia retórica. Es decir, trata de imponerse recurriendo a la manipulación lingüística antes que a las razones. Vamos a analizarla un poco.

La primera frase comienza enumerando las funciones propias de un museo. Sin embargo, acto seguido introduce ese «pero por encima de todo está el servicio de la sociedad y de los ciudadanos». La construcción de esta frase es una falacia retórica de las de libro. ¿Por qué? Porque con ese «pero» ahí situado trata de presentar a los fines propios de los museos como algo que podría ser contrario al bien común. Como si esos objetivos de conservar, coleccionar, etc., pudieran ser lesivos para la ciudadanía. Pretende crear una posible contraposición. Y una vez hecho eso, pasa al segundo párrafo.

Aquí se repite la jugada. Se parte de un supuesto aceptado –el de que un museo está al servicio de los ciudadanos-, pero solo para colar después un «por tanto…» que pretende inducir a la creencia de que el deber de un museo estatal es el de « colaborar y cooperar con todos los museos de arte contemporáneo participados por cualquier administración pública en cualquier parte de su territorio». ¿Las administraciones autonómicas por ejemplo?

Entendámonos. Por supuesto que los museos estatales deben de colaborar con los autonómicos y locales. Pero esa colaboración se centra en asesorías y apoyo técnico. No puede convertirse en una forma de financiar proyectos de museos autonómicos en detrimento, por merma de recursos, de los propios de ese museo estatal.

Pero sigamos, porque de ahí el texto, sin pausa, se acoge a eso de «con voluntad clara de descentralización y federalismo en lo que respecta a los servicios culturales del estado».

Acabáramos. Así que este encadenado de falacias retóricas –que no está nada mal estructurado- nos quería llevar a este huerto. A que los museos estatales deben emplear sus recursos materiales y humanos en beneficio de los autonómicos. Y, claro, a que las colecciones puedan –e incluso deban- ser descuartizadas como reses para ser repartidas entre las distintas CCAA. Todo en aras de «descentralizar y federalizar la cultura»… por supuesto.

Ocurre que los museos se dedican a reunir piezas en colecciones y no a lo contrario. Su misión es poner a disposición de la ciudadanía colecciones lo mejores y más amplias posibles. Por no hablar de que un museo bien concebido y ubicado puede convertirse en uno de los motores económicos de una población, dado que es fuente de atracción para visitantes. Así ha ocurrido con el Tyssenn o el propio Reina Sofía en Madrid, o con el Gugennheim en Bilbao.

Pretender dispersar las colecciones atenta contra los objetivos culturales y económicos de los museos. La defensa de una barbaridad así por parte de ciertas formaciones nacionalistas obedece en parte al mero interés. Al deseo de sacar tajada del despiece de un patrimonio de estado que sucesivos gobiernos han sido incapaces de proteger. Obedece también a esa aversión básica que sienten este tipo de ideologías contra todo aquello que pueda ser un elemento vertebrador y una seña de identidad del estado.

Algún día hablaré del poco respeto que las autoridades nacionales parecen tener por la unidad e integridad de las colecciones que forman nuestro patrimonio museístico. También de ese concepto delirante que es el de «museos dispersos». Un término acuñado para dar una patina de legalidad a que gran número de piezas de colecciones de distintos museos estén eso, dispersas por todo el territorio nacional. En lugares a veces peregrinos y en condiciones que no son las óptimas para una buena conservación.

Pero ahora, para acabar, me gustaría señalar un detalle que me ha llamado la atención. Uno que a mi juicio dice mucho.

En el segundo párrafo de la enmienda se lee que «un museo estatal es un museo al servicio de todos los ciudadanos del estado». Dice museo estatal, no museo a secas. ¿No sería más lógico decir que los museos están al servicio de los ciudadanos? Es como si «sus» museos no tuvieran que estar al servicio de todos. Asoma en esa redacción uno de esos fantasmas nacionalistas de los que hablaba al comienzo. Esa visión patrimonial y excluyente de los bienes y servicios que administran allá donde gobiernan.

Pero es mejor acabar esta primera entrega aquí. En la próxima o próximas ya nos detendremos en otras enmiendas que tienen tanta miga como esta.

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