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Archive for 2 mayo 2011

La Ley de Economía Sostenible, en su disposición final cuadragésimo tercera, establece la creación de una Comisión de la Propiedad Intelectual. Tal Comisión dispondrá de dos Secciones. Y la Segunda de ellas tendrá la competencia de cerrar aquellas páginas web que, a juicio de la Comisión, vulneren la Ley de la Propiedad Intelectual.

Eso es en esencia la conocida a nivel popular como Ley Sinde. No debe haber internauta que no conozca la existencia de tal ley o que no se haya visto más o menos salpicado por las polémicas que ha desatado. Contra ella se han levantado objeciones fundadas y otras que no lo son tanto, así como toda clase de reacciones, algunas de ellas delirantes.

Es que esa ley es más que objetable. Existen contras de casi todos conocidos, que han sido repetidos hasta la saciedad por los medios. Pero, aparte, se pueden señalar otros que hasta el momento no se han puesto sobre el tapete, tal vez porque muy pocos han reparado en ellos.

Una objeción muy seria a la Ley Sinde es, sin ir más lejos, que las actividades de la Sección Segunda de la Comisión pueden llegar a interferir –en algún caso de forma grave- con la labor de la policía.

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la policía judicial tiene por objeto y obligación averiguar los delitos públicos. Y entre esos delitos están aquellos contra la Propiedad Intelectual e Industrial, y así lo recoge el Código Penal en sus Artículos 270-277.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil persiguen este tipo de delitos. Hay brigadas de Delitos Tecnológicos y de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial. Vamos, que está del todo armada una estructura policial específica contra la delincuencia en Red.

La creación de la Comisión puede llegar a arruinar operaciones policiales. La investigación requiere a menudo sigilo y tiempo. No es tan raro que la policía deje funcionar durante algún tiempo a las webs detectadas de pederastía, piratería o cualquier otro tipo de delito en Red. Es la forma para garantizarse la identificación y posterior detención de toda la red de delincuentes y, en determinados delitos, de sus clientes.

Si en el caso de una web pirata, que es el tema que nos ocupa, irrumpe la famosa Comisión como elefante por cacharrería, ¿qué va a ocurrir? Que puede cerrar una web que esté siendo investigada por la policía. ¿Y cuáles serán las consecuencias? Que echará por tierra toda la investigación. Que los delincuentes, alarmados, se esfumarán antes de poder ser identificados y detenidos. A su tiempo regresarán a la Red y reiniciarán sus actividades delictivas.

La llamada Ley Sinde no deja de ser una chapuza. Un apaño. Esa Comisión es un agregado que va a traer duplicidad, conflicto y confusión, si es que de verdad llega a ser operativa. Nuestra Administración está lleno de comisiones que no sirven más que para pagar dietas a sus integrantes.

Una vez más, hay que insistir en que lo lógico es modificar las leyes, dotar de medios a jueces y policías, hacer labor pedagógica. No crear un órgano nuevo, ad-hoc, controlado encima por una de las partes interesadas, por muy legítimas que puedan ser sus reivindicaciones.

Pero ya que el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero se ha empecinado en sacar esto adelante, por lo menos debiera tomar las cautelas necesarias. Que esa Comisión no funcionase sin contar ni informar a la policía. Es lo menos.

Porque a ver si al final resulta que cierran webs por infracciones menores a la vez que los delincuentes de verdad –los que se lucran a costa del trabajo de los creadores, los que arruinan a las industrias culturales- se escapan por los agujeros de la norma.

Eso de que se castigue con dureza inversamente proporcional al daño causado podrá ser muy antiguo, muy español. Pero un servidor, que aborrece todo tipo de nacionalismo, preferiría dejar esos atavismos atrás y ver una maquinaria legal cada vez más ajustada. Y eso no se consigue introduciendo en ella cuerpos extraños.

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