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Archive for 13 abril 2011

Cada cierto tiempo nos impacta alguna noticia sobre las exigencias de dinero, por parte de alguna Sociedad de Gestión de Derechos Colectivos (casi siempre la SGAE), a alguna entidad o particular, a cuenta de motivos a veces de veras estrafalarios. Reclamación de pagos por representar obras de teatro en colegios, por conciertos benéficos, por escuchar la radio en algún negocio modesto.

Esto se ha vuelto endémico. Y cada nueva noticia hace que muchos se lleven las manos a la cabeza. Aviva la cólera popular contra estas Sociedad de Gestión.

Bueno. Para algunos será guay el considerar a estas sociedades siempre los villanos de la película por defecto. Pero la gente sensata debiera reservarse de entrada ante estas noticias. Los que las dan –los medios de comunicación- son parte interesada por más de un motivo. El primero de todos es que hace mucho que gran parte de esos medios renunciaron a la información objetiva a favor del espectáculo. Informan desde el ángulo que más escándalo cause, tal vez porque se gana más audiencia con el circo que con la seriedad.

Y esos mismos medios tienen que pagar derechos a las sociedades de gestión. Así que si consiguen algún día no pagar, mayores serán sus ganancias, cosa que no deja de ser el fin último de toda gran empresa. Y una forma como otra cualquiera es la de soliviantar a la opinión pública. Nunca hay que olvidar que ciertos grupos mediáticos tienen deudas con las sociedades de gestión por valor de decenas de millones de euros.

Pero, hecha esta salvedad sobre la no-neutralidad de ciertos medios, convengamos en que de todas formas la base es cierta. Las sociedades de gestión piden a veces dinero por motivos que causan estupefacción, cuando no cólera.

Lo que aquí me gustaría es, a propósito de este problema, señalar un aspecto que me parece fundamental. Uno en el que no parece fijarse casi nadie, o tal vez algunos prefieren soslayarlo. Es algo que señalaba al comienzo de esta entrada. El que estos incidentes vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo. Esa es una clave. Porque, ¿Cómo es posible que nadie haya hecho nada para remediar esto en todos estos años?

Las leyes son artefactos, máquinas. Un suceso puntual solo indica que hay un desajuste en tal maquinaria. Se arregla y listos. Pero si se repite y repite sin que nadie haga nada, el fallo no es de la máquina sino de los mecánicos, que no hacen su trabajo. Y los mecánicos en este caso son los legisladores.

Todas estas cuestiones están reguladas por la Ley de la Propiedad Intelectual. Y parece haber bastante consenso en que la LPI está obsoleta. Los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías han creado un marco totalmente nuevo. En él, la LPI ya no es una herramienta útil para defender los derechos de creadores e industrias culturales. Tampoco para regular las relaciones de estos con otras industrias y el público.

Cada vez se hace más necesaria la promulgación de una LPI totalmente nueva. Es preciso que para ello se tenga en cuenta a otros campos regulados por otras leyes, como es el caso de las TICs, la Propiedad Industrial y en general la llamada Sociedad de la Información. De hecho, lo óptimo sería el desarrollo de todo un marco legislativo integral que abarcase los campos citados y bastantes más, todos ellos intersectantes.

Algo así exigiría el concurso de juristas, especialistas y técnicos en muchas disciplinas. También un consenso amplio entre las fuerzas políticas y los distintos agentes implicados, hasta donde sea posible.

Eso lleva su tiempo. Mientras, para seguir con el simil de la máquina, lo lógico es que los mecánicos vayan trabajando en la que ahora tenemos, para que la ciudadanía no sufra los desajustes.

Sin necesidad de actuaciones grandilocuentes ni grandes planes, se pueden hacer retoques en la ley actual. Con cambios mínimos solucionar situaciones desquiciadas como las que vemos cada cierto tiempo en los telediarios.

La LPI, en su Título III, Cap. II, establece unos límites a ella misma. Es decir, enumera aquellos casos en los que no rige. Y lo hace de forma detallada. Así, queda sin vigor en supuestos tales como el derecho de cita, los actos oficiales, la parodia… hasta 42 supuestos distintos.

En vista de las aberraciones que se están produciendo, ¿costaría tanto ampliar el número de supuestos contemplados en los Límites? Eso sí que son ajustes muy simples que resolverían problemas concretos. Veamos algunos ejemplos.

Se podría contemplar la exclusión de pago para las representaciones de obras clásicas por parte de aficionados, no organizados en compañía estable, siempre y cuando los actores, director, etc., no recibiesen remuneración o compensación de ningún tipo.

Algo parecido podría hacerse con las bandas de música populares. En algunos puntos de España son de gran tradición y están sufriendo un gran castigo por este tema, al punto de que algunas de gran solera han tenido que disolverse.

Algo parecido habría que hacer en el tema de la música o la televisión en locales. Es una cuestión muy compleja esta, que requiere mucho estudio y ponderación. Pero a casi todos nos resulta meridiano que casos como los del peluquero al que quisieron cobrar por tener la radio puerta mientras cortaba el pelo a la parroquia son delirantes. Es difícil creer que ciertos comercios y negocios de barrio obtengan valor añadió de eso. Más bien es que el buen hombre se entretiene oyendo la radio.

En fin, no hace falta seguir. Son solo ejemplos. Pero está claro que se podría hacer y que algo así no exige grandes alborotos jurídicos. Ni siquiera es preciso modificar la ley. Se trata de la adición de algunos artículos más a los que ya están en el capítulo II del título III, con las debidas precauciones para no abrir resquicios a los pícaros de turno.

No parece tan difícil. Y sería de lo más útil. De entrada protegería tanto a manifestaciones de la cultura popular como a industriales modestos que se ven castigados de forma injusta por la Ley, tal y como está ahora. O al menos eso es lo que pensamos unos cuantos, claro.

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Nos anuncian el lanzamiento del PACE (Plan Nacional de Acción Cultural Exterior), propiciado por el ministerio de Asuntos Exteriores y el de Cultura, mediante el que pretenden ordenar la acción cultural de nuestro país en el exterior.

En sí, la idea de ordenar y organizar todo eso es aplaudible. La acción cultural exterior española es caótica. La llevan a cabo diversas instituciones y empresas públicas cuyas funciones se solapan. A veces también se ve obstruida por conflictos de jurisdicción entre estas entidades o aquellos dos ministerios.

El plan ve la luz sin el consenso entre los dos grandes partidos. Eso es la norma, no la excepción. Y parece que tampoco dentro del Gobierno el parto haya sido fácil. El documento es el fruto de casi año y medio de negociaciones entre Cultura y Exteriores.

Largo tiempo, porque el documento es breve y no entra en muchos detalles. Si se toman la molestia de leerlo, verán que se podría dividir en tres partes.

La primera es algo así como una exposición de motivos.

La segunda define unas estrategias y objetivos. Marca líneas maestras y poco se puede decir a eso. Optar por estrategias sectoriales y regionales es eso, tan solo una opción entre varias. Fijar objetivos tales como reforzar la marca «España», potenciar el turismo cultural, proyectar nuestra cultura en el exterior, etc., son metas más que razonables. Es difícil no estar de acuerdo.

Hasta aquí nada que objetar. Con estos documentos de corte general ocurre lo que con los contratos. Hasta que uno lee la letra pequeña no puede saber si son justos u onerosos. Habrá que ver qué medidas concretas se adoptan para alcanzar los citados objetivos.

El problema llega con la tercera parte: la Gobernanza. Para ordenar la acción cultural en el exterior, el documento establece la «Creación de un Consejo de Acción Cultural Exterior, que se reunirá una vez al año, presidido por las personas titulares de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y de Cultura y en el que estarán presentes al máximo nivel los responsables de todas las instituciones y administraciones que tienen competencia en política cultural exterior o la llevan a cabo».

Acabáramos, amigos. Para este viaje no necesitábamos tantas alforjas. Tantas vueltas y revueltas para crear otro órgano administrativo más. Uno con su secretaría, sus grupos de trabajo y un órgano consultivo en el que están presentes hasta las CCAA…

A juicio de más de uno, esto es justo lo peor que se podía hacer. Desde luego, la destartalada acción cultural española no se solucionará mientras subsista el caos de entidades y actuaciones. Y no va a ser un consejo el que ponga orden.

Les daré un ejemplo. Vamos a suponer que los hospitales, las bases de UVIs móviles, los ambulatorios, las farmacias, los centros de investigación, etc., funcionasen cada uno a su aire. Que se pisasen el terreno unas veces, que otras dejasen zonas y franjas horarias sin cubrir, que disputasen por competencias. ¿Se resolvería el desbarajuste creando un Consejo Sanitario para que los distintos representantes discutieran? ¿No sería mejor crear un órgano que los englobase y dirigiera, fijando una política común e integrada? Un Ministerio de Sanidad, por ejemplo.

Pues aquí igual. Debe haber un plan integral. Y debe haber una dirección política. Dirección que ha de ser única, con autoridad sobre todos los organismos involucrados en la acción cultural exterior. Solo así se pondrá fin a la descoordinación, los solapamientos, los vacíos, los conflictos.

Lo de Requiescat in PACE del título fue un chascarrillo al que no pude resistirme. O no tan broma. Este Consejo va a ser como una lápida de granito sobre nuestra acción cultural exterior. De entrada más burocracia y más gasto. Y si alguna paz va a poner va a poner será la de la tumba, porque lo único que puede hacer es aumentar la ineficacia de nuestro país en un terreno tan importante.

 

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Ejemplar en el sentido de ejemplo. Cartagena Puerto de Culturas sigue una de las líneas que las políticas culturales debían buscar en nuestro país, aunque por desgracia lo hagan en ocasiones contadas.

Verán. Para mí es un placer poder hablar para bien de una actuación cultural. No es plato de buen gusto sacar cifras y datos que no dejan en buen lugar al sentido común de las Administraciones Públicas. Pero es lo que hay. Muchas veces las cosas se hacen muy mal. Pero eso comento hoy con gusto una iniciativa útil, sostenible, que está aportando beneficios socioeconómicos a su comunidad.

Pero es mejor comenzar por el principio.

Cartagena, fundada por fenicios allá por el 227 a.C., ha sufrido a lo largo de sus más de dos milenios de vida no pocas convulsiones de muy distintos tipos. La última de ellas durante la década de los 90 del ya siglo pasado, el XX. La crisis económica que sacudió a toda España en esa época se cebó con saña en la zona. Las industrias tradicionales –como por ejemplo la construcción naval- que daban de comer a buena parte de la población se vinieron abajo sin que llegasen otras nuevas a sustituirlas. El resultado fue paro, depresión. Se puede decir que a finales del XX Cartagena era una ciudad en decadencia económica y social.

Una de las respuestas políticas a tal situación fue Cartagena Puerto de Culturas. Nació a partir de un estudio llamado Desarrollo del Producto Cultural de Cartagena, que proponía «un desarrollo sostenible del sector turístico en Cartagena que revierta en la mejora de los standares de calidad de vida y en la cohesión social de sus habitantes, mediante un proceso de valorización de los recursos patrimoniales culturales y turísticos, y de su óptima promoción y comercialización».

Sugería objetivos para lograrlo. El reconocimiento del valor patrimonial de la ciudad. La necesidad de mecanismos de protección, conservación y rehabilitación de ese patrimonio. Aprovechar este para potenciar la imagen turística de Cartagena, así como para dinamizarla en lo social, cultural y económico.

Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio, Autoridad Portuaria y Universidad Politécnica firmaron en el 2000 un acuerdo para llevar a la práctica esas directrices. De ahí nació Cartagena Puerto de Culturas en el 2001, primero como consorcio y luego como sociedad privada de capital público.

Una década después, los logros son impresionantes. Han realizado actuaciones en el patrimonio histórico de todas las épocas urbanas. Apertura del Centro de Interpretación de la Muralla Púnica y del Decumano. Gestión del Augusteum. Gestión turística del Teatro Romano. Apertura del Museo de la Historia de Cartagena en el Castillo de la Concepción. Rehabilitación del fuerte de Navidad…

Es obvio el peso que está teniendo Cartagena Puerto de Culturas en la rehabilitación del patrimonio de la ciudad, así como en su recuperación para la ciudadanía. Y, lo que es igual de importante, ha ayudado así a sacar a la comunidad de la crisis que mencionábamos arriba, ya que ha generado un importante turismo cultural.

La inversión total en el proyecto ha sido de unos 15 millones de euros y la entidad, a día de hoy, se financia en un 70% con los ingresos que obtiene de sus actividades. Pero eso no implica que sea deficitaria. No hay que fijarse solo en la actividad dineraria. ¿No hay que contar con el impacto positivo sobre el tejido productivo de la ciudad? Actuaciones así siempre benefician a multitud de sectores, desde la hostelería al taxi.

¿Cómo cuantificar eso? Es difícil. No hemos desarrollado todavía indicadores que nos permitan evaluar a cuánto puede ascender el movimiento económico que se genera a la sombra de actuaciones así. No sabemos con exactitud cuántos empleos puede crear. Tampoco cuantos puede ayudar a sostener con los ingresos extra que atrae.

Es una pena no poder hacerlo. Los especialistas –economistas, estadísticos- podrían desarrollar indicadores para por lo menos hacer aproximaciones cuantitativas en estos casos.

Pero si es difícil de cuantificar, no lo es de calificar. Cartagena Puerto de Culturas es una actuación positiva. Caminos así son los que hay que seguir. Estas son las políticas culturales a aplicar. Conseguir que el patrimonio cultura –el material y el inmaterial- se convierta en fuente de riqueza y empleo.

En el caso de Cartagena lo están logrando. El patrimonio arqueológico es ahora un motor económico sostenible y no una carga financiera para la ciudad. ¿Qué duda cabe que así es mucho más fácil que los ciudadanos aprendan a amar y a respectar tal patrimonio? Pueden verlo como un tesoro vivo de la comunidad y no –como por desgracia ocurre en demasiadas ocasiones- como un lastre más que han de soportar a cosas de sus impuestos.

 

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Este lunes pasado, la parlamentaria Rosa Díez, de UPyD, presentó una PNL (proposición no de ley) para instar al Gobierno a que «realice las modificaciones legales precisas para que, en el plazo de tres meses, el IVA que se repercute a los libros electrónicos sea el mismo superreducido que se aplica a los libros en soporte físico» (sic).

Por cierto, para aquellos que no lo sepan, una PNL es una de las herramientas que tienen los partidos para pedir que se produzcan cambios legislativos en materias concretas. Y es la vía por la que se ha optado en este caso.

Los argumentos que expuse en la entrada El disparatado IVA de los libros electrónicos son casi idénticos a los que ofrece la PNL en su exposición de motivos. Eso no es casualidad. Al fin y al cabo, colaboro en el área de Cultura de UPyD.

Pero lo que quiero aquí resaltar es el gran valor que a mi juicio tiene esta PNL. Rompe con una inercia. Todos, gobierno y oposición, han estado asumiendo que este tema compete a la UE y que solo en el Parlamento Europeo puede arreglarse. No es cierto y así ha quedado sentado. Más allá de que el Gobierno de o no los pasos precisos (esperemos que sí) se ha abierto una puerta.

Esta iniciativa, pese a su importancia, no ha sido recogida por los medios. No es de extrañar. La medida absoluta para otorgar tiempo y espacio en medios a una noticia es la del espectáculo que esta pueda dar. A la prensa y la televisión le interesan las fragorosas disputas sobre el canon digital o la ley Sinde, no asuntos más discretos que sin embargo pueden llegar a tener más calado para la industria cultural.

Es curioso pero es así. Son los tiempos que nos han tocado vivir. Pero conviene no despistarse con el circo.  Hay que recordar que son los retoques, el ajuste fino las que hacen a la postre que una ley concreta sea útil o inútil, operativa o ineficaz, beneficiosa o dañina.

Esa era la primera reflexión. La segunda es que, comentando con algunas personas acerca de todo esto, he caído en la cuenta de que un número considerable de ciudadanos no tienen de verdad muy claro para qué sirve el Congreso. No, no lo tienen. Será asombroso pero es lo que hay. Y tiene sus explicaciones.

De entrada, no se ofrece una acertada educación a la ciudadanía sobre qué y cómo son nuestras instituciones y nuestra legislación. Pero a eso se ha sumado una distorsión propiciada de nuevo por los medios. Para muchos, el Congreso es un lugar casi siempre vacío al que acuden los jefazos de los partidos políticos a tirarse de los pelos y llamarse de todo. Es lo que ven en las televisiones, porque es casi lo único que estos se dignan trasmitirles.

Sin embargo el Congreso no tiene por primero misión que los cabezas de los partidos disputen sobre las acciones de gobierno. Una de sus grandes misiones es legislar. No solo promulgar las grandes leyes, sino también llevar a cabo esa misión perpetua de ajustar la maquinaria legal para una mayor eficacia y mejor servicio a los ciudadanos. O esa es la teoría.

Debemos recordar que el Congreso no es el Coliseo. Exigir a nuestros congresistas que legislen, que para eso están. La maquinaria legal es como la de un coche: o se mantiene a punto, limpia y ajustada, o empieza a echar humo y se descacharra. Y en eso la maquinaria cultural es en especial delicada.

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